El país tiene que saber

Exministro de Seguridad Pública

Estimado Sr. Presidente: En manos de Usted, como Jefe de Estado, dejo los documentos que fundamentan el alegato de bien probado que, por mi formación de abogado y en mi condición de Ministro de Estado, estaba escribiendo en mi casa el día sábado, cuando fui convocado a su residencia personal. Usted debe ser el depositario de estos documentos.

Los documentos que le entrego corresponden a las siguientes informaciones:

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k1. Documentos de la Policía de Control de Drogas (PCD).

k2. Documentos de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

k3. Documentos enviados por la Policía Nacional de Colombia y recibidos por el suscrito como Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública.

k4. Otros documentos de apoyo.

Todos estos hechos e informaciones que contienen estos documentos, tienen que verse en su conjunto y analizarse de una forma integrada, no como acontecimientos aislados, sino como el desarrollo de una estrategia de las FARC y el narcotráfico, en contra de los supremos intereses de Costa Rica.

Tal y como le expresé telefónicamente el día de ayer, me propongo concluir esa presentación y confío en que, como ciudadano, la Comisión Investigadora que integrará la Asamblea Legislativa me dé la oportunidad de presentar una visión articulada y coherente de los hechos y de lo que ha sido la lucha de estos 23 meses contra el narcotráfico y su relación de vasos comunicantes con el sicariato, la violencia criminal y el crimen organizado de Costa Rica. El país tiene que saber.

Sí quiero reiterarle, Señor Presidente, que desde mi primer viaje a Bogotá, como Usted y el Sr. Ministro de la Presidencia lo saben, porque les informé y encontré en ustedes el apoyo para dar esta lucha por Costa Rica, las autoridades colombianas me expusieron que las FARC y el narcotráfico, que son la misma cosa, habían estado desarrollando por años y con gran intensidad, a partir del año 2000, una estrategia de penetración para transformar a nuestro país en un “área de seguridad” para sus actividades ilícitas y criminales. Esa afirmación fue reiterada hace unos días, en un periódico nacional, por el General Óscar Naranjo, Director de la Policía Nacional de Colombia. Esa también es la opinión de otras agencias y policías antidrogas, como igualmente he informado al Ministro de la Presidencia después de visitar en el año 2007 los Estados Unidos.

Al principio, debo confesar que esos criterios tan graves me produjeron un impacto profundo y hasta mucha resistencia y dudas en mi espíritu. El desarrollo de una intensa cooperación de información policial con Colombia y con los Estados Unidos, a partir de la segunda mitad del año 2006 y hasta el presente, el caso del general de las FARC, Martínez Quinto, cuya misión en Costa Rica fue penetrar la flota pesquera en nuestra costa en el océano Pacífico y la peligrosidad de los hermanos González Rivas, que vivían en Escazú, así como la incautación de casi 65 toneladas de droga y el desmantelamiento de cerca de 50 redes de distribución interna en escuelas, colegios, parques y plazas públicas, playas, barrios, pueblos y ciudades de nuestro país, y el descubrimiento de dos arsenales militares cerca de Atenas y en playa Bandera, me llevaron al convencimiento de esa verdad. Mi opinión la fundamento en los hechos.

Esa penetración tuvo dos escenarios. Uno vinculado a la actividad propiamente delictiva y criminal, y otro, de naturaleza política, en el ámbito del trabajo realizado en nuestro país por la Comisión Internacional de las FARC dirigidas por Raúl Reyes y Rodrigo Granda. Si antes del año 2000, en que las FARC se transformaron en el narcotráfico, todas las gestiones de paz realizadas en nuestro país tuvieron el sustento de una larga y sólida tradición nacional de refugio y asilo político, después de esa fecha, en las palabras que pronuncié en Santo Domingo de Heredia, o hubo mucha ingenuidad, o indiferencia inaceptable o una complicidad virginal por la que, al menos en el ámbito de las responsabilidades y las obligaciones públicas, personas de sectores políticos de este país deben responder. Lo que el pueblo costarricense no está dispuesto a aceptar es el cinismo.

Otras acciones deben ser asumidas por el Ministerio Público, porque esa es su responsabilidad, como es el caso de los $480.000 de las FARC incautados en una casa en el barrio Jesús de Santa Bárbara de Heredia. Ese es dinero sucio, obtenido ilegítimamente y proveniente del secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas.

Quince días después de mis indignadas manifestaciones en Santo Domingo, porque soy costarricense y porque por mis venas corre sangre de hombres y mujeres que le han servido con dignidad a este país, para confundir deliberadamente a la ciudadanía se insiste en poner en mi boca lo que no dije sobre la existencia de una “lista oficial de políticos”. Como he dicho reiteradamente, no me puedo retractar de lo que no dije, pero sí debo poner en sus manos, como Presidente de la República, los documentos y la información que me hace sustentar la opinión de que, a partir del año 2000, las FARC y el narcotráfico, que son lo mismo, efectivamente desarrollaron una estrategia de penetración para transformar a nuestro país en un “área de seguridad” de sus actividades ilícitas. Ese es el punto de fondo que se debe investigar.

Los costarricenses están pidiendo a gritos que la Asamblea Legislativa lleve adelante una investigación seria y responsable, no politizada y no vinculada a las elecciones de febrero del 2010, desligada de otras agendas importantes que conocen las Señoras y los Señores Diputados, y en las que el Poder Ejecutivo, con legítima razón, tiene intereses fundamentales que comparto, porque la mayoría de este país se pronunció a favor del Tratado de Libre Comercio. La política en este país está desprestigiada por falta de coherencia entre las palabras y los hechos. Es hora de decir “basta” y eso es lo que estamos pidiendo a gritos los costarricenses de todos los partidos políticos.

Si de la documentación adjunta de la Policía de Control de Drogas, los informes de Inteligencia de la DIS, la documentación que nos remitió la Policía Nacional de Colombia y el trabajo realizado en estos 23 meses de acción por los Cuerpos de Policía, en su Administración, no se desprende nada importante, ni nada que el país debe saber, pues entonces que Dios nos coja confesados. En el ejercicio de este difícil cargo que Usted me confió, perdí la virginidad académica de profesor universitario de Derecho Internacional Público.

En el contexto del desarrollo de los acontecimientos y las informaciones de prensa de las últimas horas, nos encontramos en una situación compleja y extraña, después de nuestra reunión en su residencia el día domingo. La ciudadanía esta confundida y, como lo primero es el país, estimo que esta información debe hacerse del conocimiento inmediato de la Asamblea Legislativa. Nadie nos perdonaría una conducta que no sea de total transparencia.

Lo saludo con el respeto y el aprecio de siempre. Uno de los grandes honores de mi vida es haberle servido a Costa Rica como su Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública.