Jorge Vargas Cullel

Enfoque

Politólogo

Tenemos un serio problema de seguridad ciudadana y muchos nos sentimos afectados. Somos una sociedad con más violencia delictiva que hace veinte años. Sin embargo, se trata de un problema complicado y con muchas aristas. Una cosa es el narcotráfico; otra cosa, la delincuencia común, la violencia doméstica o la violencia en las carreteras. Por eso, es equivocado pensar que la cuestión se reduce a una confrontación del “hampa contra los ciudadanos honestos”, y que todo es culpa de autoridades políticas y judiciales idiotas o cómplices que se han doblegado ante los malos.

Cuando padecemos una enfermedad importante, curar el problema requiere identificar bien sus causas. Es la clave para adoptar acciones que las remuevan. Aunque actuemos con decisión, debemos ser cuidadosos pues el costo del error es alto. Nunca falta quien recomiende un remedio milagroso y, a veces, le hacemos caso porque nos sentimos impotentes. Empero, el remedio equivocado puede agravar la enfermedad.

	Imprimir		Recomendar
	Disminuir		Aumentar

Hay que mantener la cabeza fría para actuar. La seguridad ciudadana es demasiado importante como para equivocarnos. Van nuestras vidas y libertades en ello. Por esto, tengo profundas reservas sobre una campaña que desde hace varios días se orquesta en la radio y la televisión. Responde a una preocupación legítima, pero lo que inculca es el miedo. Según esta, el país cayó al abismo y está en manos del hampa. Leo el documento que la sustenta, y toda su larga primera parte es una denuncia ad hóminem del estado de cosas, con un manejo creativo de las estadísticas.

La campaña me deja el mismo sabor amargo que la discusión del TLC del año pasado. Sustituye la argumentación racional por la descalificación; emplea el miedo en vez de la persuasión. Aunque reconozco la necesidad de actuar, no me compro el discurso de la crispación. Jugar al miedo es equivocado. En otros países ha servido de base para el autoritarismo, el recorte de libertades civiles y la criminalización injusta de grupos; para armarse hasta los dientes y aplicar la pena de muerte (soluciones, estas, equivocadas).

No discuto el derecho del Estado a castigar ni el nuestro de exigir que actúe con eficiencia. Coincido en que debemos proteger mejor a las víctimas y en que un mejor despliegue de policías y algunos cambios legales pueden ayudar. Sin embargo, con eso no arreglaremos el problema. Son claves otras políticas preventivas. Deberíamos abrir un diálogo nacional sobre el tema, con partidos, autoridades, organizaciones, ciudadanos y expertos, a fin de sentar las bases de una política de Estado para una seguridad ciudadana de largo plazo. Urge.