Llegar tarde...

 Nuestro historial administrativo y político está repleto de llegadas tardías que nos han costado fortunas

 Esta mentalidad seguirá prevaleciendo, mientras los funcionarios responsables sigan impunes

Seguimos chocando una y mil veces con la misma piedra. Esta piedra es la impuntualidad, esto es, el tiempo, mas no solamente la impuntualidad personal que afecta a una persona o a un grupo, sino también la impuntualidad de la persona jurídica llamada Estado, que nos perjudica a todos. Los responsables de esta patología nacional son personas físicas, con nombre, apellidos y un estatus determinado en la jerarquía institucional, a quienes, al parecer, no llega la pleamar de las leyes ni de las sanciones.

Hace unos días, comentamos un hecho increíble: unos 40.000 niños pobres no estaban recibiendo los alimentos diarios de rigor, en los CEN-Cinai, por cuanto un funcionario de Fodesaf no había firmado los documentos respectivos. Así de simple y así de grave. Posiblemente, ya decidió estampar su firma para que las escuelas respectivas no tengan, como ocurrió, que pedir fiado.

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Sin embargo, ¿no constituyen estos atrasos un incumplimiento de deberes? ¿Se sienta, por lo tanto, la responsabilidad correspondiente, o se ven estas omisiones como simples distracciones? No conocemos un solo caso en nuestro abultado historial administrativo en que estas conductas hayan sido sancionadas.

Y, como no se sancionan, se repiten. Su reiteración ha conformado, a lo largo de los años, un estilo, una cultura, una mentalidad. El incumplimiento por llegar tarde, por no satisfacer los compromisos o los convenios, nos ha costado fortunas. En el pasado se suscribieron empréstitos, pero, a la hora de la verdad, el Estado falló y hasta se olvidó de ellos. Sin embargo, las comisiones siguieron corriendo. Nuestra tragedia vial estuvo pavimentada de incumplimientos, que se prolongaron por décadas. La maraña legal y administrativa se ha convertido en la gran explicación de los rezagos y tardanzas. Con todo, la causa real, detrás de la llamada tramitología, es la indolencia de las personas, de los jerarcas, de los llamados, por juramento constitucional, a cumplir, o, como en la aventura del TLC, una serie de intereses creados, al punto que el país tuvo que pedir una prórroga a los socios que sí habían cumplido.

Así, si en días pasados fue la falta de una firmita en el caso de los CEN-Cinai, al margen de la maraña administrativa, hoy es la noticia publicada ayer por este periódico: “País podría perder millonaria donación para biotecnología”. Se trata de una donación de la Unión Europea por 11 millones de euros (unos ¢8.500 millones) para la construcción y equipamiento de un centro tecnológico, en razón de algunos atrasos en el cronograma de trabajo. Desde el 2006, la Unión Europea está en espera del inicio de las obras y del equipamiento del Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas (Cenibiot), inaugurado el 20 de marzo de dicho año por el ministro de Ciencia y Tecnología (Micit), a la sazón, y el Consejo Nacional de Rectores (Conare). Un atraso de dos años. La Unión Europea no entregará el dinero si las instituciones encargadas no cumplen a cabalidad.

Escamados los funcionarios de la delegación de la Comisión Europea en Costa Rica por nuestro deporte preferido: llegar tarde y pedir prórrogas, ya han advertido claramente que no las habrá. Ojalá cumplamos, en esta oportunidad, tal como lo han prometido funcionarios y autoridades universitarias.

Sin embargo, ¡qué pena seguir dando estos espectáculos, que solo terminarán cuando, en verdad, se siente en el banquillo de los acusados a los que no cumplen con su deber! La palabra sacramental se llama responsabilidad, la cual genera, aunque muchos no lo crean, consecuencias penales y económicas para los funcionarios públicos que deben cumplir directamente y para aquellos que deben vigilar la labor de sus subordinados.