El campo y la Presidenta

 El Gobierno argentino prefiere el populismo a la producción sostenible

 La política económica debe guiarse por la responsabilidad y el sentido de realidad

El conflicto que ha enfrentado desde hace casi tres semanas a los productores agropecuarios argentinos con el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner va más allá de las esporádicas –y naturales– pugnas que se suscitan en cualquier democracia, entre grupos que desean proteger sus intereses y autoridades que deben velar por el bienestar general. En este caso, hay algo más de por medio, y muy importante, aunque no sea lo más visible.

Es insistencia gubernamental aplicar medidas económicas para buscar efectos “positivos” inmediatos, pero con consecuencias muy negativas a mediano plazo. Se trata, por desgracia, de un vicio muy común en la historia de Argentina, sobre todo en gobiernos peronistas: la práctica de un populismo oportunista y miope, con muy poca consideración por las realidades económicas y el verdadero desarrollo del país.

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Gracias a los elevados precios que han alcanzado los granos comestibles en el mercado internacional, Argentina, con enorme capacidad y eficiencia para producirlos, ha vivido un auge económico durante años recientes, que ha permitido superar gran parte de la crisis en que se hundió a finales del 2001.

Sin embargo esta sustancial mejora, con grados de crecimiento anuales de casi el 10%, ha sido manejada con gran ligereza, tanto por el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), como por el de su esposa, Cristina Fernández, quien lo sucedió en el cargo. Entre sus efectos está la acumulación de fuertes presiones inflacionarias, que se han tratado de contener con controles de precios, límites a la exportación de productos básicos y hasta la manipulación de estadísticas oficiales.

Se trata de una tendencia insostenible, que podría conducir a otra grave crisis si el Gobierno no la rectifica. Muchos esperaban que, tras su elección en octubre pasado, Fernández cambiara de dirección o, al menos, comenzara a tomar medidas para mejorar la política económica. Sin embargo, sus últimas decisiones, que son precisamente las que la enfrentan con los productores, van en sentido inverso.

Con la justificación de las mejores cotizaciones para los granos, decidió aumentar aún más los impuestos sobre su exportación, ya de por sí altos. Los de la soya, por ejemplo, pasaron del 27% al 40%. Con el alza impositiva, la Presidenta pretende dos cosas: aumentar el excedente fiscal del Gobierno, para poder sostener costosos programas de subsidios, y hacer que una parte de las exportaciones se dirija al mercado interno, a precios mucho menores que los del mercado internacional.

A corto plazo, será muy fácil lograr ambos fines y postergar las reformas económicas de fondo que el país necesita. Sin embargo, el efecto, en poco tiempo, será que la producción de granos se volverá insostenible para varios productores, quienes probablemente la abandonarán. Así, bajará el abastecimiento, se reducirán las exportaciones, disminuirán los ingresos, tanto del país como del fisco, y la situación económica se tornará aún más difícil de manejar. Es decir, todo lo contrario de lo que pretende el Gobierno.

Mientras esto ocurre, además, la Presidenta y su Partido Justicialista (peronista) se han dado a otra tarea también típica de su comportamiento histórico: movilizar algunos sectores populares, beneficiarios directos de los programas oficiales, para confrontar a aquellos que apoyan a los productores. Esto no ha hecho sino exacerbar el clima de tensión, de forma innecesaria.

Está por verse si será posible (y cuándo) un arreglo entre el Gobierno y los productores, que han paralizado una gran cantidad de carreteras. Pero, más allá de lo que ocurra en este ámbito, lo crucial es que la política económica se conduzca con responsabilidad y sentido de largo plazo. De lo contrario, no pasará mucho tiempo para que una nueva ronda de “cacerolazos” conmueva las ciudades del país.