‘Esta ley nos convierte en personas de segunda categoría’

“Yo no entiendo cómo puede ser que me apliquen una ley de 1935. Es como tener un doble duelo: además de perder a mi esposo, me piden que deje el trabajo que tanto quiero”.

Así resume Eva lo que ha pasado durante el último año.

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Ella es una profesional que trabaja en una institución pública.

Cuando su esposo murió, a finales del año pasado, quedó sola a cargo de varios hijos, algunos adolescentes y otros que estaban iniciando la universidad.

“Cuando fui a hacer los trámites (de pensión) me dijeron que no tengo derecho a la pensión de mi esposo por viudez porque soy empleada pública.

“En el documento donde aceptan la pensión me dicen que tengo que presentar la finalización del contrato laboral.

“Cuando uno va a pensiones (de la CCSS) y pregunta, lo que le dicen es que es la aplicación de una norma de 1935, que recién se está ejecutando. Eso no puede ser.

“Mi esposo también era profesional y trabajaba en el sector público. Nosotros teníamos cierta calidad de vida: hijos en colegio privado. Yo contaba con esos ingresos y ahora tengo meses de no recibir absolutamente nada”.

Para Eva , “a muchas personas se les están cortando las alas. El 70% de los viudos nos convertimos en cabeza de familia. Esta norma nos convierte en personas de segunda categoría”.

Lucha. Esta mujer, profesional y ahora cabeza de hogar, está agotando la vía administrativa.

Por eso, no quiso hacer pública su verdadera identidad y para su protección se cambiaron algunos detalles de la historia.

Como otros asegurados, teme alguna represalia de parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en este caso.

Eva insiste en que la aplicación de esta ley no tiene ningún sentido.

“Uno no escoge quedar viudo. ¿Qué pasa con las deudas? Cuando uno queda viudo no quiere decir que la deuda espera, que el carro de mi marido o el colegio de mis hijos esperan...

“Yo no quiero renunciar a mi trabajo, que tanto me ha ayudado emocionalmente después de perder a mi marido. Yo tengo que agotar la vía administrativa.

“¿Por qué me van a obligar a hacer algo que no quiero? ¿Por qué me van a obligar a renunciar a mi salario?”