La imagen de los menores

 No hay justificación para convertir a menores en “objetos de lástima”

Exdirectoras del PANI

El sabio poeta Khalil Gibran nos heredó estos versos, que llaman a la permanente reflexión: “Vuestros hijos no son vuestros hijos. Son los hijos y las hijas de la vida, deseosa de perpetuarse. Vienen a través vuestro, pero no vienen de vosotros. Y, aunque están a vuestro lado, no os pertenecen”.

Por ello, la sociedad ha asumido que los padres tienen a sus hijos menores de edad “en custodia”, para “darles vuestro amor, pero no vuestros pensamientos”; para “cobijar sus cuerpos, pero no sus almas” (Gibran). Cuando los padres trasgreden ese cuido y ese amor, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) interpone las llamadas “medidas de protección”, para restituir a la persona menor de edad el goce del derecho que le ha sido violado.

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El Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 7739, art. 27) establece que es prohibido publicar, reproducir, exponer, vender o utilizar, en cualquier forma, imágenes o fotografías de personas menores de edad cuando se les atribuya algún asunto en el que ellos hayan transgredido la ley o sean testigos o víctimas de hechos delictivos si se afecta su dignidad. Pero no establece prohibición alguna para la imagen de los menores cuando no se trata de asuntos ilícitos.

Inaudito reclamo. De ahí que sorprenda el debate suscitado a propósito del uso de las imágenes de personas menores de edad con su salud comprometida, donde tal uso busca apelar a la solidaridad social para obtener contribuciones económicas que faciliten la mejora en su tratamiento o condiciones de vida y lograr, con la exposición pública de su imagen, “su beneficio”.

Al respecto, mediante voto 12959-07, la Sala Constitucional rechazó un reclamo contra un canal televisivo que difundió imágenes de menores de edad con discapacidad, con el argumento de que el canal tenía permiso de los representantes de los menores para difundir sus imágenes y que tal “consentimiento, además, no quebranta el interés superior del menor por buscarse más bien su beneficio”, producto del “despertar el sentido de solidaridad del público”.

En un sentido estricto, efectivamente, el mandato del Código de la Niñez solo restringe la difusión de la imagen de menores cuando se trata de hechos delictivos.

Convenientes cuestionamientos. Pero, desde el “beneficio” del menor, surgen múltiples preguntas: ¿Acaso el interés que ha de privar siempre es el “beneficio” económico? ¿Qué ocurre con la salud integral, con los aspectos emocionales, del menor que ha sido expuesto públicamente? Más aún: conviene preguntar si basta el permiso de los padres para definir que una acción que compromete a los menores es buena o correcta.

Porque la salud integral es un derecho de las personas menores de edad, las instituciones estatales tienen el deber de su atención, sin que se requiera apelar a la solidaridad del público, que recuerda las épocas en que, ante la inacción del Estado, solo valía la caridad.

Por eso, aun no estando prohibido, los medios de comunicación deberían abstenerse de difundir imágenes de menores cuya condición de salud los convierta en “objetos de lástima” en busca de la contribución económica de personas caritativas y no en “sujetos de derecho” de las instituciones estatales obligadas a su atención.