Ante la justicia

 La lucha contra la impunidad internacional ha logrado dos triunfos clave

 Fujimori y un genocida camboyano deberán dar cuenta a los tribunales

Durante días recientes, la lucha contra la impunidad internacional ha recibido dos importantes impulsos, que deben llenar de satisfacción a los partidarios de la democracia y la justicia en todo el mundo. Sus actores, características e implicaciones son distintos, pero tienen en común algo esencial: abrir el camino para llevar ante los tribunales a dos reconocidos violadores de los derechos humanos.

El viernes 21, después de un proceso de casi dos años, que a veces pareció a punto de sucumbir, la Corte Suprema de Justicia chilena acordó la extradición a Perú del expresidente Alberto Fujimori, quien deberá enfrentar en su país dos casos por violación de derechos humanos y cinco por corrupción. Aunque los cargos que se le atribuyen por sus acciones durante los diez años que se mantuvo en el poder (de 1990 al 2000) son muchos más, la acción de los tribunales deberá concentrarse en esos casos, que fueron los resueltos en Chile para autorizar la extradición.

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Fujimori llegó a Perú al día siguiente de la decisión chilena. A partir de ahora, serán los tribunales comunes de su país los encargados de conducir los respectivos procesos, que el Gobierno, por medio de su primer ministro, Jorge del Castillo, ha asegurado que no “politizará”. Y, aunque Fujimori ha reafirmado que se siente seguro de su inocencia y el resultado no se puede predecir, lo crucial es que un exgobernante que, por siete años, se mantuvo en virtual fuga de la justicia, al fin deberá rendir cuenta de sus actos, como siempre debería ser.

Para los latinoamericanos, lo que ocurrió en Perú durante el gobierno de Fujimori es mucho más familiar (y cercano) que lo sucedido en Camboya durante el sanguinario y oscurantista régimen de los Khmer Rouge, en la década de 1970. Sin embargo, el genocidio cometido por este grupo de extremistas marxistas y maoístas constituyó uno de los peores crímenes contra la humanidad durante la segunda mitad del siglo XX. Las estimaciones más confiables cifran en 1,7 millones las víctimas de estos crueles “revolucionarios”. Precisamente por este tenebroso saldo resulta tan importante la captura, el pasado miércoles, del ya octogenario Nuon Chea, segundo hombre al mando de los genocidas y lugarteniente del jefe máximo de ese grupo, Pol Pot.

Tras su captura, este horrendo criminal, ante el cual palidece el expresidente peruano, quedó bajo la jurisdicción de la Cámara Especial de la Corte Camboyana, tribunal establecido con apoyo de las Naciones Unidas para, precisamente, ocuparse de hacer justicia por los crímenes contra la humanidad cometidos por el Khmer Rouge, los cuales, por cierto, fueron ignorados en su oportunidad por muchos sectores de la izquierda internacional. Chea ha aducido, en su defensa, que no estaba al tanto de las masacres cometidas en Camboya, algo totalmente absurdo, dado que existen numerosos documentos, además de testimonios, sobre su participación directa en el genocidio. No en balde su captura ha sido recibida con gran regocijo por los defensores de los derechos humanos en todo el mundo, al igual que la de Fujimori.

Cada uno de estos dos casos tiene gran importancia individual, sobre todo para las víctimas de los procesados, que tienen todo el derecho a pedir justicia. Pero su trascendencia rebasa los respectivos ámbitos nacionales. Porque, sumados a las acciones emprendidas contra otros exdictadores o criminales, como Augusto Pinochet, de Chile, o Slobodan Milosevic, de Serbia, sus procesamientos revelan que la justicia global, sea mediante los tribunales locales o la Corte Penal Internacional, ha logrado un enorme ímpetu, gracias al cual menos crímenes quedarán impunes y, de este modo, muchos déspotas serán más cuidadosos a la hora de aplicar la represión. Se trata, sin duda, de un claro avance para la causa de los derechos humanos y de un asidero para esperar acciones similares en el futuro.