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Paradoja de la reforma en México No es razonable proponer una cura peor que la enfermedadJorge Castañeda Jorge G. Castañeda, exministro de Relaciones Exteriores de México (2000-2003), es profesor distinguido global de Política y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York. ©Project Syndicate, 2007. www.project-syndicate.org Traducido del inglés por David Meléndez Tormen Algunas veces no hacer ninguna reforma es mejor que hacer una del tipo incorrecto. Ese pare- ce ser el caso en México, donde hace poco el Congreso aprobó nuevas leyes electorales y tributarias, pero no las que el país necesita. Si bien la reforma tributaria estaba en un lugar alto del plan del presidente Felipe Calderón durante la campaña presidencial del año pasado, la reforma electoral no estaba incluida. En lugar de ello, le ha sido impuesta por una versión extraña y extrema de regateo político. Los legisladores de la oposición querían una reforma electoral, pero no nuevos impuestos; el gobierno quería más ingresos, pero no nuevas leyes electorales. Ambos lados obtuvieron parte de lo que querían, y México se quedó con lo peor del trato. Se creó un impuesto mínimo alternativo, junto con un ligero aumento de los impuestos a las gasolinas, pero ambos terminaron tan deslavados que apenas llegaron a ser significativos. De acuerdo a las cifras del mismo gobierno, equivalen a apenas el 1% del PGB, un aumento patético para una economía con una de las recaudaciones tributarias más bajas de América Latina. La única reforma. Mientras tanto, los tres partidos principales –el Partido de Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)– se unieron para mantener fuera de la escena política a los recién llegados. Sacaron de sus cargos a los directores del Instituto Federal Electoral (IFE), que organizaron las elecciones presidenciales del año pasado, hicieron más estricta la prohibición de que haya candidatos independientes, hicieron prácticamente imposible la creación de nuevos partidos y crearon una serie de restricciones arbitrarias y cuasiestalinistas sobre el contenido de la publicidad, los discursos y los debates entre candidatos. Todos estos cambios fueron tramitados en el Congreso como enmiendas constitucionales, eximiéndolas de ser objeto de apelación en los tribunales. El único elemento positivo de las reformas –un plan destinado a asegurar igualdad de tiempo de emisión de radio y televisión para los partidos durante las campañas electorales– se echó a perder por graves omisiones legislativas. Dadas la ausencia de cualquier regulación acerca de la imparcialidad de la cobertura mediática de las campañas, la descarada corrupción de muchos medios de comunicación y la ausencia de un programa de actualidad en un horario de alta audiencia en televisión, prohibir la adquisición de tiempo de emisión no hace más que erigir una barrera insuperable para los nuevos actores políticos. Con este telón de fondo, la expulsión de los directores del IFE resalta aún más. Si bien no hay duda de que el IFE cometió varios errores graves de relaciones públicas durante las elecciones del año pasado, sigue siendo una de las instituciones más respetadas de México, con índices de credibilidad que normalmente duplican o triplican los del Congreso y los tres partidos políticos. El IFE sirvió de guía para México durante varias crisis en 2006, cuando el candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador, se negó a aceptar su estrechísimo margen de derrota y llevó su lucha a las calles. Dudoso club. Ahora la misma gente que certificó que la votación del año pasado fue justa y libre, y que Calderón efectivamente había ganado, está siendo removida de sus cargos por esa razón, en una medida que todo México sabe que es un gesto al PRI y al PRD a cambio de la misérrima reforma tributaria. Bismarck tenía razón al decir que nunca hay que examinar con detalle el modo como se crean las leyes y los embutidos. Lamentablemente, el ataque a la autonomía del IFE no es un caso aislado en América Latina. Aunque los bancos centrales independientes han sido cruciales para lograr estabilidad a lo largo de las últimas dos décadas, también –al igual que las autoridades electorales– están siendo objeto de una creciente presión. Hugo Chávez ha propuesto abiertamente abolir la independencia del banco central, enviando una reforma constitucional que le permita usar a su antojo las reservas internacionales del país. De modo similar, los cargos de las comisiones electorales de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y –según versiones– Argentina se están llenando con adeptos políticos. México parece hoy condenado a unirse a este dudoso club. No tendría por qué ser así; si alguien debería saber eso, ese es Calderón. Es comprensible que desee diferenciarse de su predecesor, Vicente Fox, que fue incapaz de lograr la aprobación de reformas significativas en el Congreso. Sin embargo, no es razonable hacerlo proponiendo una cura peor que la enfermedad.
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