Rafael Correa
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QUITO (AFP) -
Los ecuatorianos elegirán el domingo la Asamblea que reformará la Constitución y a la cual estará atada la suerte del Congreso -de mayoría opositora- y la del presidente Rafael Correa, quien alienta la disolución del Legislativo alegando su supuesta incompetencia.
Por tercera vez en diez meses, los electores acudirán a las urnas para nombrar, entre 3.229 candidatos, a los 130 asambleístas que elaborarán la Constitución número 20 de Ecuador, país sacudido por una década de inestabilidad que impidió que tres presidentes terminaran su cuatrienio.
Antes lo habían hecho para elegir a Correa en segunda vuelta y aprobar por histórica mayoría un referendo para cambiar la Carta Política el 15 de abril, piedra angular del proyecto del mandatario socialista.
Con esas dos victorias, Correa se apresta a su tercer examen en las urnas con una alta popularidad, convencido del triunfo tras ocho meses de gestión, en la que ha privilegiado la atención a los pobres con subsidios, y combatido por igual a banqueros y medios de prensa, a los que considera opositores.
Pero más allá de la reformas a la Constitución, la Asamblea deberá dirimir la pugna entre Correa -un izquierdista de 44 años seguidor del tipo de socialismo propugnado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez- y el Congreso, dominado por una oposición diezmada que teme una concentración de poderes en el gobierno.
"En Ecuador no hay ni habrá ninguna ruptura constitucional ni democrática", enfatizó el mandatario el sábado durante una conferencia de prensa en Miami, al salir al paso de los temores por la desintegración del Congreso, que según él sería reemplazado por una comisión legislativa mientras se celebran nuevas elecciones.
Correa defiende las plenas facultades de la Asamblea para disolver los poderes públicos, asegurando que pondrá su cargo a disposición de la Constituyente al tiempo que pedirá la salida de los diputados por considerarlos "corruptos e incompetentes".
Incluso advirtió que renunciaría si la derecha, aun ratificándolo en el cargo, obtiene la mayoría en las votaciones del 30 de septiembre, precedidas por una intensa campaña mediática que por primera vez fue financiada exclusivamente por el Estado.
La oposición llega dividida a los comicios y agitando, como en las pasadas contiendas, el miedo frente a un gobierno que, según sus principales líderes, quiere quedarse con todos los poderes para instalar un régimen como el venezolano y sacar de circulación el dólar.
"Hay una gran resistencia contra Correa, que quiere que Ecuador vaya hacia el marxismo, hacia donde está Cuba y la estatización", dijo el derechista Alvaro Noboa, candidato a la Asamblea y quien perdió el balotaje presidencial.
Correa también ha sido acusado de emplear fondos públicos para impulsar la campaña del oficialismo, apareciendo en cuñas televisivas al lado de sus candidatos o recorriendo el país pidiendo apoyo para derrotar en las elecciones a los partidos tradicionales.
Casi inmune o indiferente a las críticas, el gobernante promueve una nueva Constitución de corte socialista que refuerce el papel estatal en la economía tras una década de políticas liberales, que a su juicio "quisieron privatizar hasta el agua".
Asimismo, plantea recortar los poderes del Congreso para destituir presidentes, despolitizar tribunales y democratizar los medios de comunicación, varios de ellos en manos de banqueros.
Del otro lado la derecha -que siempre se opuso a una Constituyente- defiende un texto que garantice la libre empresa, mantenga la dolarización e impida la concentración de poderes en el Ejecutivo.
Unos 9,3 millones de ecuatorianos están convocados obligatoriamente a las urnas para elegir a los asambleístas de nominación nacional y provincial, cuyos candidatos están distribuidos en dos papeletas, una de ellas de un metro de longitud.
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