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EDITORIALFonecafe: veto necesario Fonecafe nunca ha pagado intereses por las obligaciones con el EstadoJamás estuvimos ni estamos en contra de los productores o de los exportadores de café Cuando los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en segundo debate el proyecto de reforma al Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera (Fonecafe), el lunes anterior, ignoraban que el Fondo nunca ha cancelado intereses por las obligaciones contraídas con el Estado. Peor aún: en la defensa que de dicho fondo hizo el Director Ejecutivo del Icafe, Ronald Peters, al responder nuestro editorial del pasado 13 de setiembre, también omitió ese hecho fundamental, que no se debe condonar. En la información del pasado jueves revelamos que el Fonecafe no paga intereses al Estado por una deuda millonaria contraída entre finales del 2003 e inicios del 2005, y que, a la fecha, asciende a unos $13 millones (alrededor de ¢6.864.000.000). Esa deuda se originó por el aval que otorgó el Estado a los bonos emitidos con base en la creación del fondo que no fueron pagados por la caída del precio del café en el mercado internacional, por debajo de $92 por quintal (46 kilos). El Estado tuvo que honrar esas deudas por haber avalado los títulos conforme a la ley. Pero el Fonecafe, amparado en normas del Código de Comercio que impiden el cobro de intereses cuando el fiador se ve compelido a pagar –según afirmó el viceministro de Hacienda, José Luis Araya, el pasado jueves–, hizo la vista gorda. Y sus representantes gestionaron ante los diputados la reforma a la ley para extender los beneficios sin antes reconocer expresamente la deuda pendiente ni asegurar el pago del monto adeudado, apoyados por el Icafe. El Estado habría tenido la oportunidad de recobrar las sumas que tuvo que pagar si se hubiera redactado bien la ley o si el Ministerio de Hacienda hubiera tenido la buena diligencia de revisarla concienzudamente. Pero los intereses del Estado quedaron al descubierto por evasión de información y negligencia de quienes no supieron efectuar un análisis más acertado de las causas y soluciones del problema cafetalero. El director ejecutivo del Icafe, Ronlad Peters, al igual que los defensores del proyecto, pretenden ignorar las causas del problema de algunos cafetaleros y, por eso, tergiversaron el sentido de nuestro editorial anterior. Nos tratan de ubicar en contra de los cafetaleros, lo cual es un error. Este periódico no está, ni nunca ha estado, en contra de los productores ni exportadores de café. Por el contrario, hemos reconocido el aporte económico y social que han realizado a través de la historia. Pero sí estamos en contra de conceder beneficios indebidos y subsidios que se cargan al Estado e, indirectamente, a los demás contribuyentes. No pagar intereses es un subsidio mondo y lirondo. Y aprovecharse del Estado para obtener financiamiento que, de otra forma, no hubieran obtenido de los particulares ni del sistema bancario nacional por no satisfacer los requisitos que exige la Sugef a todos los deudores, es otra ventaja que no se lograría materializar sin el aval del Estado, aunque se quiera negar o disfrazar. Y ese es, precisamente, el error histórico. Ni los contribuyentes ni el Estado deben continuar subsidiando ni beneficiando a los productores cuando las circunstancias del mercado han variado en su contra. Porque el país debe concentrarse en la producción de aquellos bienes donde las ventajas comparativas son claras, no fabricadas o mantenidas con la protección del Estado. Por eso, resultaría contradictorio que el Poder Ejecutivo, cuyos diputados aprobaron la reforma a la ley del Fonecafe, sancionara el proyecto si, a la vez, aboga por abrir la economía al comercio internacional mediante la búsqueda incesante de las ventajas comparativas. Y más contradictorio aún si se constata que el presidente de la República y su familia se beneficiarían directamente con la ley, pues han sido cafetaleros por años. Habría un conflicto de intereses que, aunque no contradiga la ley, sí sería contrario a la ética de quienes ejercen funciones públicas. Por todas esas razones, el Poder Ejecutivo debe vetar la ley.
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