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EDITORIALEditorial Los partidos, en especial el PAC, deben abandonar la intransigencia La política democrática no debe ser un ejercicio de “todo o nada”. Al contrario, en su esencia está la negociación entre adversarios, para, a partir de la confrontación leal de posiciones, llegar a resultados que beneficien al conjunto de la sociedad. La negociación no debe ser una guerra de posiciones o un teatro de poses, sino un verdadero ejercicio de búsqueda de acuerdos, en el marco de la institucionalidad y con la mira en el bien común. Porque, más allá de las coyunturas que generen diferencias o hasta conflictos, están el país y estamos los ciudadanos. Pero, por desgracia, desde hace tiempo, nos ha ocurrido lo contrario, y la nefasta “lógica” de los opuestos excluyentes ha ganado peligroso terreno en medio de la campaña hacia el referendo sobre el TLC. En nuestro editorial del 10 de agosto, titulado “Intransigencia y parálisis”, nos referimos a esta inconveniente situación, después que el Partido Acción Ciudadana (PAC) rechazara la oferta de 38 diputados de otras agrupaciones sobre el trámite de la llamada “agenda paralela” del TLC. A pesar de la forma en que se lo conoce, esta “agenda” la componen 13 proyectos, muchos de los cuales, con Tratado o sin él, se refieren a temas con vida propia y de gran importancia nacional, en relación, por ejemplo, con telecomunicaciones, seguros y propiedad intelectual. Ningún país del mundo puede, razonablemente, pretender desarrollarse en el mundo de hoy si no mejora en esos tres campos, y, para hacerlo, es necesario romper monopolios, abrirse a la participación de diversos proveedores (para que cada consumidor decida por cuál opta) y proteger los frutos de la creatividad y el saber. Lo que, a principios del pasado mes, propusieron los 38 diputados fue continuar con la discusión de los 13 proyectos en la Asamblea, pero con el siguiente compromiso: si ganara el NO en el referendo, sus partidos se comprometían a devolverlos a comisión, para reconsiderarlos integralmente, pero sin abandonarlos, porque el país los necesita; si ganara en SÍ, el PAC permitiría que siguieran avanzando. Es decir, no se comprometía a apoyarlos, sino, simplemente, a no entorpecer su curso. Por desgracia, esa oferta fue rechazada y, de la mano del acaloramiento de la discusión sobre el TLC, ahora hemos llegado a la peor situación: una intransigencia aún mayor del PAC y su declaración de que, aun si gana el SÍ el 7 de octubre, combatirá los 13 proyectos de ley mencionados, mediante la obstaculización. Ante esto, el Gobierno ha respondido con el compromiso de que, si ganara el NO, desistirá de la “agenda complementaria”, y ha pedido al principal partido de oposición despejar el camino para su discusión si el resultado es favorable al TLC. ¿Será posible, a raíz de esta oferta, llegar a algún acuerdo razonable, que supere el “todo o nada” en relación con el TLC y las leyes paralelas, pero independientes entre sí, y que nos permita entrar en cauces más serenos de negociación y decisión democráticas? Más allá de lo que debería ser (pero ahora no es) nuestra búsqueda de acuerdos políticos, hay algo en todo esto que nos preocupa mucho, y es que, con su actitud, el PAC está distorsionando gravemente la joven figura del referendo en Costa Rica, como ejercicio de voluntad directa de soberanía. Está claro que lo que diremos los costarricenses el 7 de octubre es sí o no al texto de un acuerdo comercial; es decir, un solo proyecto. No se han puesto a consulta ni los 13 “paralelos” ni ninguna otra pieza de legislación. Por esto, pretender ligar el resultado de una decisión puntual a otras que no tomaremos va contra la razón de ser de los referendos, y podría, cuando apenas comenzamos a usarlo en el país, contaminar y manipular tanto su uso, que se le vaciaría de real contenido democrático. Por todo lo anterior, lo que se impone es una vuelta a la sensatez y, sobre todo, a la esencia doctrinal y práctica de la democracia.
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