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Sala de Redacción Piden a gobierno que tramite extradición de directivos de Chiquita Bogotá (DPA). Un exfiscal general de Colombia y una asociación de víctimas de los grupos paramilitares pidieron hoy al gobierno que inicie los trámites para solicitar a Estados Unidos la extradición de los directivos de la multinacional Chiquita Brands que entregaron dinero a esas bandas de ultraderecha. La recomendación fue hecha después de que el juez estadounidense Royce Lamberth aceptara este lunes un arreglo al que llegó la multinacional bananera con el Departamento de Justicia de ese país, mediante el cual la firma pagará una multa de 25 millones de dólares por haber financiado actividades de esos grupos armados en Colombia durante casi seis años, hasta 2003. El ex fiscal general Alfonso Gómez dijo que el arreglo entre la empresa y el gobierno de Washington cuestiona la política de lucha contra el terrorismo del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, pues los grupos paramilitares colombianos, acusados de múltiples violaciones de los derechos humanos, son considerados como "terroristas" por varios países y organizaciones internacionales. "¨En qué queda el discurso internacional de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo? ¨Qué diría Estados Unidos si un país que tiene a uno de los responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2001 lo dejara libre tras el pago de una multa?", se preguntó Gómez. Asimismo, el ex funcionario dijo que Colombia debe procesar a los directivos estadounidenses que admitieron haber hecho esos pagos y recomendó replantear la extradición de colombianos a Estados Unidos, pues ese mecanismo es una herramienta de cooperación judicial que parece que se está cumpliendo en un solo sentido, sin reciprocidad. "Aquí estamos extraditando a colombianos que muchas veces dejan de pagar sus delitos en Colombia para que lo hagan en Estados Unidos", dijo el ex fiscal. Gómez expresó que en el sonado caso de la "parapolítica", como le dice la prensa a los procesos contra políticos por presuntos nexos con los paramilitares, varios congresistas colombianos están encarcelados por delitos "tal vez menores" que los cometidos por los directivos de Chiquita. Por su parte, el Movimiento Nacional de Víctimas contra los Crímenes de Estado dijo en un comunicado que el gobierno de Bogotá debe pedir la extradición de los ejecutivos estadounidenses, pues "las víctimas de estos grupos están en Colombia y son colombianos". El vicepresidente colombiano, Francisco Santos, comentó que el dinero de Chiquita Brands "financió la muerte" y le hizo una "amable exigencia" al gobierno de Estados Unidos para que la multa que pagará la multinacional se destine a un fondo de reparación para las familias de las víctimas en Colombia. El abogado estadounidense Paul Wolff, apoderado de varias personas que perdieron a familiares en las masacres cometidas por los grupos de ultraderecha en la zona bananera de Urabá, manifestó a la estación radial La W que el arreglo es "un fallo de impunidad". Wolff dijo que existe la posibilidad de enjuiciar a los directivos de Chiquita en tribunales colombianos, pues los delitos cometidos por los paramilitares ocurrieron en el país sudamericano. "En realidad estos crímenes fueron cometidos en Colombia, los homicidios sucedieron en ese país. Tenemos una nueva ley contra el terrorismo y esa ley permite su aplicación fuera de los Estados Unidos", dijo el jurista. El diario "El Tiempo" de Bogotá señaló hoy que, por la financiación de actividades terroristas en Colombia, la empresa estadounidense pagará con un plazo que vence en 2011 una multa que es la cuarta parte de los 100 millones de dólares que tendrá que cancelar la escudería McLaren en el caso de espionaje en el campeonato de Fórmula Uno. Por su parte, el director de noticias de la cadena de radio RCN, Juan Gossaín, afirmó que una comparación de la cifra con la multa impuesta en la Unión Europea al gigante de la informática Microsoft deja entrever que "un computador vale 29 veces más que la vida de un colombiano".
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