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Investigación Grupo Pujol-Martí ofrece al Estado vender plantas de generación eléctrica Ernesto Rivera erivera@nacion.com En una reunión que sostuvieron ayer en las oficinas del Ministerio Público, los jerarcas del ICE acordaron con el Grupo Pujol-Martí suspender el contrato de arrendamiento de dos plantas de generación eléctrica suscrito en enero del año pasado. Así lo confirmaron ayer por la tarde el gerente general del Grupo Pujol-Martí, Rodolfo Vázquez Zamora, y el director jurídico del ICE, Geovanny Bonilla Goldoni. Por separado, ambos indicaron que se trató de un acuerdo verbal realizado en presencia de representantes de la Fiscalía. La suspensión del arriendo regirá mientras se analiza la oferta del Grupo Pujol-Martí de vender los equipos al ICE. Se trata de dos plantas térmicas propiedad del Grupo Pujol- Martí Power Supply con capacidad para producir hasta 24,3 megavatios de energía eléctrica. La reunión de ayer fue gestionada por el Grupo Pujol-Martí. Asistieron por parte del ICE, su presidente ejecutivo, Pedro Pablo Quirós y Bonilla; y por la compañía, Vázquez y el abogado Francisco Castillo. Durante el encuentro no se mencionó cuál sería el precio que la firma pretende por la venta de los equipos. La posibilidad de ejecutar una opción de venta estaba prevista en el contrato de arrendamiento firmado en enero del 2006. El Director Jurídico del ICE indicó además que este acuerdo verbal de suspender el contrato de arrendamiento de las plantas no implica el fin de la investigación que desarrolla la Fiscalía. Sin transferir propiedad. El contrato firmado entre el ICE y el Grupo Pujol-Martí Power Supply estipula el pago de un cargo fijo de $504.000 al mes (¢262 millones) en concepto de alquiler. Al término de los tres años pactados en el contrato, el ICE habría pagado $18,1 millones en arrendamiento, sin que esos pagos produzcan la transferencia de propiedad de los equipos al Estado. El contrato es investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos que analiza los supuestos delitos de peculado y fraude en perjuicio de la Hacienda Pública. En la investigación judicial figuran como imputados el director del Centro de Planificación Eléctrica del ICE, Gilberto de la Cruz Malavassi; Carlos Manuel Obregón Quesada, quien laboró como subgerente del sector Electricidad del ICE hasta julio de este año y el presidente del Grupo Pujol-Martí Power Supply, Sebastián Tenna-Pujol. En el expediente judicial se indica que este contrato de arrendamiento es, en realidad, una compra de energía a generadores privados que se apartó de los procedimiento legales que estipula la ley. El pasado 30 de agosto, como parte de su investigación, el Ministerio Público allanó las oficinas centrales del ICE, dos oficinas del Grupo Pujol Martí-Power Supply y las dos plantas de generación eléctrica ubicadas en La Ceiba de Orotina y Lesville de Jiménez, en Guápiles. Tras los allanamientos el presidente ejecutivo del ICE señaló que este contrato fue analizado por la anterior junta directiva. Quirós enfatizó que el proceso de contratación se apegó a la ley y obtuvo el refrendo de la Contraloría General de la República. Según Quirós, el alquiler de estas plantas térmicas era una necesidad operativa. Fundamentó su posición en que durante muchos años el ICE no invirtió lo necesario en desarrollar la infraestructura requerida para generar electricidad.
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