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EDITORIALGuatemala: siguiente paso La sanguinaria campaña es reflejo de los grandes problemas del paísTras la segunda vuelta será necesario un intenso trabajo en varios frentes Las elecciones generales celebradas el pasado domingo en Guatemala fueron la culminación de la campaña más sanguinaria del país. Con más de 50 candidatos, activistas y representantes de partidos asesinados, su saldo refleja cuán serio es el desafío institucional que enfrenta el país, y explica en buena medida que el general de derecha Otto Pérez Molina, un recién llegado a la vida política con su Partido Patriota (PP), quedara en el segundo lugar de la votación, impulsado por su mensaje de “mano dura”. Como el candidato que recibió mayor respaldo, Álvaro Colom, de la socialdemócrata Unión Nacional de la Esperanza (UNE), no alcanzó el 50% mínimo que exige la Constitución, ambos se enfrentarán en la segunda vuelta, el 4 de noviembre. A estas alturas, por supuesto, resulta muy riesgoso predecir cualquier resultado. Sin embargo, por la tendencia del electorado hacia el centro-derecha, y por la retórica más simple y emotiva de Pérez, por ahora este pareciera tener más opciones de convertirse en Presidente. Lo que sí está totalmente claro son dos cosas: por un lado, los enormes problemas con los que tendrá que lidiar el próximo mandatario; por otro, la necesidad de trabajar con un Congreso en el que ninguno de los partidos tendrá mayoría, aunque tres de ellos alcanzaron tres cuartas partes de los 158 escaños. El punto de partida es, por desgracia, poco halagüeño, como lo demuestra la reciente historia guatemalteca. Por una mezcla de debilidad institucional, tradición de violencia, debilidad de sus partidos, insensibilidad de varios sectores de capital e influencia creciente del narcotráfico y otras modalidades del crimen organizado, el estado de Derecho en Guatemala prácticamente ha colapsado. Y lo ha hecho en un contexto de gran pobreza, exclusión e inseguridad, aunque la economía ha tenido buen desempeño. De cara a este panorama, Colom y la UNE centraron su propuesta de gobierno en la generación de empleos, la justicia y la prevención como mecanismo para combatir la criminalidad. Pérez y el PP, en cambio, además de pregonar la opción meramente represiva frente a la delincuencia, también enarbolaron la bandera de la honestidad en la administración pública. Es lógico que, durante una campaña, cada bando político utilice pocos mensajes, y muy concretos, para diferenciarse de los demás. En la discusión que viene de cara a la próxima ronda, difícilmente cambiará esta estrategia; además es probable que, al centrarse la competencia en solo dos candidatos, los ataques mutuos (esperamos que solo retóricos) también se agudicen. Sin embargo, para poder abordar con algún grado de éxito los enormes problemas nacionales, así como para potenciar las oportunidades del país, la peor medicina sería el simplismo en las iniciativas. Al contrario, Guatemala necesita simultáneamente trabajar en la mejora de su plataforma y condiciones socioeconómicas, luchar eficazmente contra el crimen organizado, reconstruir su comatoso aparato institucional y dar particular énfasis a la reducción de los enormes niveles de exclusión de la sociedad. Para avanzar en el abordaje de esos problemas, tanto algunas propuestas de Pérez, como la mayoría de las de Colom, constituyen una buena guía. Lo difícil, sin embargo, será ponerlas en práctica porque la misma debilidad institucional y la arbitrariedad que deben corregirse limitan las posibilidades de acción del Estado; si no, que lo diga el actual presidente Óscar Berger, quien, a pesar de sus buenas intenciones, prácticamente no ha logrado avanzar en rescatar la institucionalidad. La única ventaja en este sentido es que, a pesar de la gran cantidad de partidos que estarán representados en el Congreso, los tres mayoritarios podrían llegar a establecer distintas modalidades de entendimiento. Aunque su composición exacta aún no se conoce, UNE será la principal fuerza política, seguida por la Gran Alianza Nacional (GANA), de Berger, como segunda, y el PP. Esto podría introducir ciertos márgenes de gobernabilidad y, si Pérez llega al poder, generar un freno a sus ímpetus represivos. Sin embargo, la clave para el rescate del estado de Derecho, sin lo cual otros problemas no podrán superarse, va mucho más allá del ámbito legislativo porque abarca el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y la eficacia de la administración pública. Para lograrlo, el próximo Presidente, cualquiera que sea, requerirá concertar un amplísimo conjunto de fuerzas bajo un liderazgo eficaz y honesto.
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