Evo Morales
(AFP)
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LA PAZ (AFP) -
La resolución de las Naciones Unidas que reconoce los derechos de los pueblos indígenas fue destacada en Bolivia, donde el gobierno del presidente aymara Evo Morales y su partido el Movimiento Al Socialismo (MAS) tratarán de aplicar esa declaración en políticas públicas.
El primero en saludar la resolución, que reconoce el derecho de esos pueblos a la autodeterminación y establece para ellos estándares globales de derechos humanos, fue Morales, el primer indígena en llegar a este cargo en los 182 años de historia republicana de Bolivia.
"Quienes todavía nos tratan de ignorantes, de tontos, de animales, ahora entiendan que el mundo entero reconoce que hay que eliminar el racismo", aseveró el jefe de Estado, citado este viernes por medios locales.
La Asamblea General de la ONU aprobó el jueves una declaración no vinculante que protege los derechos humanos, la tierra y los recursos de los 370 millones de indígenas en el mundo.
La resolución de la Asamblea, de 192 miembros, fue adoptada por 143 votos a favor, cuatro en contra (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos) y 11 abstenciones.
El texto del documento, debatido durante los últimos 20 años en el seno del organismo mundial, establece, además, el "reconocimiento, el cumplimiento y la aplicación de los tratados" pactados con los estados o sus sucesores.
Bolivia, cuyo 47% de sus 9 millones de habitantes pertenece a alguna de las 36 etnias y grupos aborígenes, según datos del estatal Instituto Nacional de Estadísticas, pretende convertir en políticas públicas la resolución de la ONU.
Los principales grupos originarios en Bolivia son los aymaras, los quechuas y los guaraníes, distribuidos desde los Andes (este), los valles (centro) y los valles subandinos (sudeste), y son el núcleo electoral duro del presidente Morales.
El responsable de la estatal Dirección General de Tierras y Comunidades de Origen, el indígena Bienvenido Zacu, afirmó a la AFP que el gran desafío ahora es incorporar la resolución de la ONU a la nueva Carta Magna que se discute en la Asamblea Constituyente.
Este foro, instalado en agosto de 2006, se halla paralizado desde mediados de agosto, aprisionado por fuertes divergencias ideológicas internas y presiones de los departamentos de Chuquisaca y La Paz, que se disputan sin tregua la sede de gobierno.
El diputado del oficialista MAS, Heriberto Lázaro, afirmó que "la lucha de 500 años desde la colonia y la de 20 años en la ONU no puede quedar en saco roto y el acuerdo de la ONU debe adoptarse como parte de la nueva Constitución".
Uno de los temas de mayor confrontación en la Asamblea Constituyente es la exigencia de los indígenas, el brazo social del gobierno, de que la nueva ley fundamental reconozca la autonomía territorial de los 36 pueblos originarios.
Esta demanda es cuestionada por líderes civiles de cuatro departamentos del norte, noreste, este y sur de Bolivia, que sólo consideran viable las autonomías provinciales, porque las indígenas romperían los límites de sus regiones.
Un miembro del Fondo Indígena para América Latina y el Caribe, Juan Tarifa, afirmó a la AFP que los postulados aprobados por la ONU que podrían convertirse en políticas públicas podrían ser los referidos a la elección de autoridades comunales indígenas, el reconocimiento de sus lenguas y acciones específicas en salud y educación, principalmente.
Desde que Morales llegó al poder, una de sus principales medidas gubernamentales para favorecer a los pueblos originarios fue la aprobación de la nueva ley de tierras, orientada a distribuir fundos improductivos y resistida por ricos latifundistas del oriente de Bolivia.
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