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EDITORIALDesigualdad salarial Se impone una reforma general para uniformar los salarios del sector públicoSi se aplicara en el sector público el coeficiente de Gini, habría más de una sorpresa El Gobierno central paga los peores salarios de todo el sector público, según revela un análisis comparativo efectuado porLa Nación, publicado el viernes anterior. En la misma vena, un estudio realizado recientemente por la Dirección General del Servicio Civil señala que las diferencias entre profesionales del Gobierno y los de otras entidades públicas van del 45% al 140%. La fijación de salarios en los sectores público y privado responde a principios y necesidades distintas y está sometida –o debería estar– a controles muy diferentes. En el privado, la remuneración del trabajador se determina por su preparación, capacidad individual y respectiva productividad, en el contexto de la oferta y demanda de mano de obra en los distintos ramos de la producción. Se respetan –y, en algunos casos, deberían hacerse respetar– los salarios mínimos y demás normas laborales, pero lo usual es la libre contratación. En ese contexto, la presencia del patrono resulta fundamental en la negociación para resguardar sus propios intereses y preservar el equilibrio del mercado en lo que constituye uno de los factores de costo más importantes de la producción. En el sector público, la situación es diferente. La libre negociación salarial característica del sector privado se sustituye por una vinculación de carácter estatutario entre el trabajador y el patrono: el Estatuto del Servicio Civil en el Gobierno central, y las convenciones colectivas en el resto del sector público. Y ahí empiezan a surgir las diferencias. Distintos regímenes salariales El Estatuto del Servicio Civil ha regido las relaciones laborales del Gobierno central con sus servidores durante muchos años. Aunque sus normas son conservadoras en materia salarial y, quizás, se han quedado un poco rezagadas ante el dinamismo de la economía y la persistente inflación, fueron bien estructuradas desde sus orígenes, pues se establecieron mediante una ley debidamente discutida y aprobada por la Asamblea Legislativa. Ahí imperaron los principios de publicidad y transparencia y primó la razonabilidad. En cambio, en muchas de las convenciones colectivas negociadas en el sector descentralizado e instituciones autónomas ha existido poca transparencia, tal y como lo ha revelado y comentado editorialmente La Nación en numerosas oportunidades. Un jerarca nombrado políticamente y una junta directiva integrada por políticos han sido los encargados de representar al Estado y aprobar las negociaciones, sin que los términos y condiciones se ventilaran públicamente. Eso ha permitido la proliferación histórica de ajustes salariales, beneficios y privilegios indebidos, como los que ha anulado la Sala Constitucional en varias oportunidades, incluyendo el relativo a la convención colectiva del Banco Popular, que comentamos en nuestro editorial del pasado viernes. Eso explica, en parte, la existencia de diferencias tan abultadas entre los sueldos pagados en esas instituciones frente a los del Gobierno central. Pero hay otra razón de peso. Los ajustes salariales están sujetos a las disponibilidades de la ley de presupuesto en el caso del Gobierno central, y su fondeo depende de los impuestos que aprueba la Asamblea. Pero en el caso de las instituciones, los aumentos forman parte del costo de producir el servicio y, como tales, han sido aprobados casi automáticamente por la Aresep. Y como las convenciones colectivas se negocian y aprueban separadamente y en silencio, si ninguna transparencia, resulta muy fácil cargar a los usuarios esos costos crecientes. La Contraloría General de la República también aprueba los presupuestos de las autónomas y esculca –o debería esculcar– los aumentos salariales. Diferencias perturbadoras Un licenciado en Derecho gana apenas ¢466.000 mensuales en un ministerio. Pero la remuneración casi se duplica si labora en la Contraloría General de la República (¢800.000). ¿Por qué el INS le gira mensualmente más del doble a quien ocupa un puesto de jefatura (casi 2 millones de colones) mientras que a un puesto similar en un ministerio se le asignan ¢800.000 mensuales? Según datos de noviembre del 2006, recabados por el Servicio Civil, los sueldos más elevados para un jefe de departamento se encuentran en la Contraloría General de la República, seguidos por el Tribunal Supremo de Elecciones, el INS, Banco Central y el ICE. Pero en ese club no están la Asamblea Legislativa, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la CCSS, Defensoría de los Habitantes ni el Gobierno central. Si se aplicara en el sector público el coeficiente de Gini, habría más de una sorpresa. Si los deberes y responsabilidades son similares, y si las condiciones personales de los trabajadores fueran iguales, los salarios deberían ser similares. Solo así se satisfarían los principios de igualdad y equidad. Pero esos principios deben satisfacer un nivel económico razonable y compatible con las posibilidades del Estado. ¿Cómo nivelar las diferencias: congelando las generosas prestaciones del INS o la Contraloría, por ejemplo, o ajustando gradualmente las remuneraciones de los ministerios, que son más razonables? Nótese que los ajustes salariales por inflación se han venido efectuando regularmente aun en el Gobierno central. Pero las bases sobre las que se aplica el ajuste son más elevadas en las otras instituciones. Por eso, la pregunta que muchos nos formulamos es si el Gobierno central paga muy poco o sí, por el contrario, son las entidades descentralizadas las que se han excedido. Hay, además, otras deficiencias de fondo en la fijación de los salarios de todos los trabajadores del sector público. En la mayoría de los casos, los ajustes meritorios se conceden automáticamente, sin valorar el esfuerzo individual ni aquilatar la productividad individual de los trabajadores. Eso anula el incentivo personal y afecta la prestación de servicios en perjuicio de los usuarios y de la competitividad nacional. Y eso debe corregirse. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? De momento, solo se pueden constatar las diferencias y señalar las causas del desorden. Pero hay que ahondar más en las soluciones, económica y políticamente muy complejas, que forman parte de la olvidada reforma del Estado. Se impone, por tanto, la elaboración de una reforma general para uniformar, en lo posible, los distintos regímenes salariales del sector público y llevarlos a un nivel razonable tomando en consideración los excesos y defectos existentes, la productividad de los trabajadores y las posibilidades del Estado.
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