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Apertura en telecomunicaciones La confusión solo favorece el fanatismo extremoRoger E. Echeverría Consultor en Telecomunicaciones Es válido mantener criterios dispares acerca de temas en discusión, sean estos sin importancia o de gran relevancia nacional, como el próximo referendo sobre el TLC. Pero lo que no es válido, en esta o en cualquier otra discusión, es apoyarse en argumentos que no son ciertos. Este es precisamente el caso de los argumentos de algunos de los oponentes al Tratado para justificar su oposición a la apertura a la competencia de las telecomunicaciones en Costa Rica. Se apoyan en estadísticas de dudosa procedencia, en estudios obsoletos y en verdades a medias, para profetizar toda suerte de calamidades que caerán –según ellos– sobre los clientes telefónicos costarricenses, en cuanto haya apertura. Sin el menor asomo de apoyo en la realidad, profetizan catástrofes tales como que el 25% de los actuales clientes de servicios celulares van a tener que prescindir de estos servicios, puesto que las tarifas aumentarán en un 400%. ¿De dónde obtienen los datos que apoyan tan absurdas profecías? No se sabe, pero lo que sí es cierto es que la realidad es otra. En el momento en que empiece a ofrecer servicios en el país otra empresa de celulares (que no será inmediatamente después de aprobada la Ley y promulgados los Reglamentos, pues la empresa debe ganar un concurso para la concesión y luego construir su red y sus oficinas comerciales), los precios que cobre el ICE y el nuevo entrante para este servicio serán de fijación libre; es decir, determinados libremente por cada uno de ellos. En tales circunstancias, es lógico que el nuevo operador cobre tarifas más bajas que las del ICE (u ofrezca mejor paquete de servicios) para entrar al mercado. Gran ventaja. ¿Significaría esto la ruina financiera del ICE? Poco probable. En primer lugar, el ICE es la empresa celular ya establecida, lo que le da una gran ventaja y, aunque su servicio podría ser grandemente mejorado, siempre “es preferible malo conocido que bueno por conocer”, por lo que es imposible pensar que todos sus abonados van a cambiar masivamente al proveedor de servicios. Claro está, algunos si lo harán, pero no todos, y puesto que el mercado celular seguirá creciendo debido a la demanda insatisfecha actual (que se estima es igual al total actual de clientes), es improbable que el total neto de clientes del ICE disminuya. En segundo lugar, ICE-Telecomunicaciones factura alrededor de ¢1.000 millones por día y tiene un endeudamiento muy bajo, por lo que su solidez financiera actual es excelente. Por lo tanto, no existiría razón alguna para que –frente al ingreso de un competidor– el ICE se vea obligado a subir tarifas para evitar la quiebra. Pero se alegan por ahí otros argumentos aún más falaces. Se argumenta que teniendo el ICE tarifas muy bajas, el regulador de Telecomunicaciones lo obligaría a subirlas para no perjudicar la rentabilidad del nuevo operador. Tal afirmación no merece ni comentario explicativo, ya que en competencia las tarifas serían fijadas por el mercado, no por el regulador. Más inverosímil aún, se alega que, si el nuevo operador entra con tarifas muy bajas y captura una importante porción del mercado, entonces prontamente subirá sus tarifas a niveles imposibles de pagar. Pero dejan de lado que en un mercado en competencia, los clientes no son cautivos de una sola empresa, sino libres de trasladarse y afiliarse a aquel servicio que más les convenga. Por último, alegan que, dado el poder económico de los posibles entrantes, estos ofrecerían sus servicios a tarifas por debajo del costo, con el fin de lograr que el ICE quiebre y así apoderarse de todo el mercado, y dejan convenientemente de lado el que en la legislación costarricense actual, esta figura de negocios (dumping) está ya penalizada. Desacertada decisión. También pretenden extrapolar realidades de países vecinos, en los que se vendió la empresa telefónica estatal (y no simplemente se abrió el mercado a la competencia) y además se otorgó al nuevo operador una exclusividad de servicio por cierto tiempo. Esta decisión fue muy desacertada para ese país (excepto para aumentar ingresos para el fisco) y solo condujo a que se cambiara un monopolio estatal por uno privado, sin que hubiera mejora alguna en el servicio o tarifas para el cliente. Por otro lado, la experiencia internacional (documentada en estadísticas de la UIT) es que en la mayoría de los países, las tarifas de los servicios en el mercado bajaron en el lapso de dos años después de la apertura. Más aún, en países donde había un operador estatal monopolístico fuerte (como el caso de Alemania, Francia, Inglaterra e Italia), este operador continuó siendo el operador dominante después de la apertura. Por lo tanto, discutamos sobre telecomunicaciones, pero con la verdad, nunca con falsedades, pues de otra manera no estaremos haciéndole servicio alguno al país, sino simplemente estaríamos creando confusión, que solo fortalece al fanatismo extremo.
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