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Banalizar el referendo Paul Rueda Abogado En “Democracia directa en América Latina” ( La Nación , 13/5/07), Daniel Zovatto advierte varios requerimientos para que el referendo pueda robustecer la democracia, en vez de agravar los niveles de polarización y ahondar la división de la sociedad. Aquí resalto dos, verdaderos presupuestos sine qua non del referendo democrático: que no se manipule la opinión pública y las condiciones de equidad. En efecto, más allá del TLC –tema fundamental en la definición de un modelo de política económica–, el referendo per se es lo que más importa en estos momentos. Esta figura, derivada del creciente descontento ciudadano con la gestión política, implica un complemento esencial a la democracia representativa porque dinamiza la toma de decisiones en forma legitimada e institucionalizada; por ende, evita la violencia y, en algo, mengua la vigente parálisis decisoria en temas claves. Además, este primer referendo vinculante será básico para que el mandato del Gobierno participativo instaurado en el artículo 9 constitucional se asiente en nuestra cultura política, pase a ser algo viviente. Amplia participación. Por fortuna, las encuestas coinciden en que es alta la probabilidad de que el mínimo fijado para la validez de la votación sea excedido en mucho. A ello ha coadyuvado, sin duda, el interés en el proceso de parte de universidades, TSE, colegios profesionales, grupos estudiantiles, cámaras, sindicatos, asociaciones solidaristas, partidos políticos, agrupaciones de ciudadanos, medios de comunicación, iglesias y COMEX, entre otros. Sin embargo, recientes estrategias publicitarias podrían denigrar el proceso, convertirlo en un asunto de chiste, chabacano y pueril. Esto resulta grave toda vez que, según la última encuesta de la Escuela de Estadística de la UCR, casi tres cuartas partes de los ciudadanos consultados con intención de votar solo se han informado algo o poco sobre el TLC, y un 60,9 % toma en cuenta los anuncios para definir su posición.
Por un lado, hace poco circuló en Youtube el video de una extranjera mostrando su desnudez en apoyo al movimiento opuesto al TLC, y don Julio Rodríguez nos alerta de los contenidos virulentos, irresponsablemente incendiarios, de un rap anti-TLC. Por otro, el movimiento favorable al TLC receta a la ciudadanía una de las publicidades más prosaicas de los últimos tiempos. ¡Un asunto de la trascendencia y complejidad del Tratado reducido a un amorío barato de novela rosa! ¿Creerán tales gurús, creadores de los ejemplos expuestos, que el electorado es, simple y llanamente, una masa estólida y que, por ende, mediante estulticias se le convencerá? Grave daño. Amén de lo señalado, existe un enorme déficit en los controles financieros de la campaña. Si bien la ley sobre regulación del referendo dispone algunas restricciones en cuanto al uso de dinero público y el pago de publicidad, lo cierto es que dejó a la libre la inversión global en propaganda, de manera que el más fuerte económicamente termina imponiendo la pauta publicitaria. Esta situación daña la democracia en forma grave. Su corrección definitiva exige, entonces, modificar la normativa antedicha, ya que nuestro régimen constitucional no le permite al TSE, vía reglamento, regular lo que por ley se dispuso de otra forma o no se encuentra contemplado del todo. Las alternativas de solución son muchas. De acuerdo con Andrew Ellis, director de Operaciones de IDEA Internacional, una adecuada regulación legal permite la provisión de asistencia pública a fin de asegurar un nivel mínimo de campaña para cada bando en un referendo. Afirma que en Canadá el monto que los comités de referendo registrados pueden gastar es limitado, mientras que en Colombia los medios están obligados a dar tiempo publicitario para el sí y el no, (también al abstencionismo, cosa que yo no comparto para nada) y “el Estado puede ofrecer incentivos a las firmas que asisten las campañas, por ejemplo proveyendo espacios libres de impuestos a los medios que permitan a los grupos imprimir o difundir sus argumentos”. Así, la asistencia puede ser monetaria o no; en este último caso, los medios de comunicación públicos podrían ofrecer espacios gratuitos por igual a las diversas posturas, y las instituciones públicas, autónomas o no, podrían facilitar de manera paritaria sus instalaciones, siempre que no se perjudique al usuario del servicio público.
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