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EDITORIALRecuperar la infraestructura La nueva estrategia del BCIE es un factor esencial para su ampliaciónAdemás de fondos, se necesita un marco legal eficaz y transparente Durante muchos años, la mayor aspiración que hemos tenido los costarricenses, en materia vial, es que desaparezcan los huecos de las calles. Tanto, y tan penosamente, nos acostumbramos a la falta de inversión en infraestructura, que la posibilidad de reparaciones integrales, ampliaciones o proyectos totalmente nuevos, casi desapareció de nuestro horizonte de expectativas. Ahora, sin embargo, han surgido estimulantes indicios de que esta situación podría cambiar, para bien. Pero también nos queda un escollo. La mayor recaudación fiscal, junto a un replanteamiento de las prioridades gubernamentales en materia de gasto e inversión, ya ha permitido el uso de mayores recursos presupuestarios para mejora de calles y carreteras, tanto las llamadas “nacionales” como las locales y, además, los caminos vecinales. Sin embargo, esto es totalmente insuficiente, porque necesitamos más y mejores vías. En este contexto resulta de gran importancia un reciente anuncio formulado por el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Harry Brautigam, en el sentido de que esa institución dará prioridad al financiamiento de carreteras, puertos, aeropuertos y proyectos de energías renovables en el país. Sus declaraciones, tras sendos encuentros celebrados el miércoles con el presidente del Banco Central, Francisco de Paula Gutiérrez, y el presidente de la República, Óscar Arias, están basadas en una idea central: “Sin la infraestructura adecuada, las naciones centroamericanas no serán competitivas a largo plazo”, dijo Brautigam. Durante este año, se estima que el BCIE colocará aquí créditos por $700 millones, con lo cual su cartera total, en el país, llegará a $1.000 millones, el doble de hace cuatro años. Algo muy importante es que, según las actuales políticas del Banco, el financiamiento de proyectos no dependerá solo de la capacidad de endeudamiento del sector público, sino, también, del sector privado, en función de la rentabilidad de proyectos específicos. La institución, además, cuenta ahora con acceso a capital relativamente barato prácticamente en todos los rincones del mundo, gracias precisamente a la mayor disponibilidad de recursos que ha generado el dinámico crecimiento que ha tenido la economía internacional durante los últimos años. He aquí un beneficio más de la globalización, a la que aún algunos sectores se empeñan en denigrar. La nueva estrategia del BCIE podrá ser de significativa ayuda para estimular la concesión de obras públicas, elemento esencial para mejorar con relativa rapidez y eficiencia nuestra infraestructura. Lo que resulta decepcionante es que, a pesar de las necesidades y oportunidades nacionales en este campo, pugnas políticas un tanto artificiales hayan impedido aprobar la nueva Ley de Concesión de Obra Pública , una iniciativa que, supuestamente, cuenta con el apoyo de las principales fracciones legislativas. En este campo, como en tantos otros, la existencia de reglas claras, eficaces y justas es esencial. De lo contrario, podemos seguir padeciendo entrabamientos y retrasos, como los de las carreteras a Orotina y a San Ramón, y limitando la posibilidad de éxitos, como la concesión del puerto de Caldera. La mezcla de un Estado con más recursos propios, adecuado financiamiento y mejores instrumentos legales, así como la disponibilidad del sector privado para asumir proyectos de envergadura, es lo que necesitamos para avanzar en serio hacia una infraestructura que se adapte a las nuevas necesidades de todos. Por esto, la oferta del BCIE no solo es una buena noticia, sobre todo, debería convertirse en un acicate para que superemos nuestra parálisis y decidamos, al fin, tener una buena ley para las concesiones.
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