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Sala de Redacción General Pérez Molina promete seguridad con "mano dura" Por Rubén Castillo Ciudad de Guatemala (DPA). Con una campaña que costó alrededor de 5 millones de dólares y una estrategia basada en un mensaje de "mano dura" frente a la inseguridad que agobia a los guatemaltecos, el general retirado Otto Pérez Molina, de 56 años, es uno de los grandes favoritos para ganar la presidencia el domingo. Logró trepar en las preferencias del electorado hasta situarse a la par de su su principal contrincante, μlvaro Colom, con alrededor del 31 por ciento de la intención de voto según las últimas encuestas. El general retirado aspira a convertirse en el presidente de Guatemala para el período 2008-2012. Fundador del Partido Patriota (PP), que apareció en escena en el año 2000 y participó por primera vez en una elección en 2003 como parte de la Gran Alianza Nacional (GANA), actualmente en el poder, Pérez ganó un escaño en el Legislativo. Mediante un permiso, dejó su curul a un suplente tras ser nombrado por el presidente àscar Berger (2004-2008) comisionado presidencial de Seguridad. Renunció cuatro meses más tarde por desavenencias y junto a su partido marchó a la oposición. En 2006 inició una fuerte campaña con vallas publicitarias promoviendo su imagen y la de su partido con vistas a las elecciones de 2007, en medio de un escándalo por las críticas que sus adversarios dirigieron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por no impedirlo, pues oficialmente la campaña arrancó el pasado 2 de mayo. Esta estrategia le permitió posicionarse sólidamente de cara a las elecciones presidenciales del domingo, por encima del candidato oficial, Alejandro Giammattei (GANA), y de la premio Nobel de la Paz 1992, la dirigente indígena Rigoberta Menchú, del novel partido Encuentro por Guatemala (EC). El eslogan de "mano dura" fue fácilmente digerido por la población, cansada de hechos de violencia que la mantienen en zozobra. "Uno no sabe si va a regresar vivo a su casa", afirma Aura Elena Farfán, una activista de los derechos humanos. El cotidiano clima de inseguridad se convierte en una de las principales preocupaciones de los guatemaltecos y la oferta de Pérez parece responder a las expectativas ciudadanas para que la realidad cambie. Sin embargo, el mensaje también es interpretado por actores políticos y humanitarios como un riesgo de "volver al pasado", cuando los regímenes militares de los años 60, 70 y 80 impusieron un estilo represivo en el marco del conflicto armado interno (1960-96) que dejó al menos 200.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos. "Su mensaje es claro: mano dura, y es preocupante que se repita el pasado", dijo Farfán, fundadora de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Guatemala (Famdegua). Pérez aseguró a dpa que "mano dura" es un "concepto de hacer gobierno" y que uno de los tres ejes transversales de su plan es "el irrestricto apego a la ley: cumplir y hacer que se cumpla la ley". Explicó que las dudas y temores que el eslogan provoca fueron oportunamente analizados, pero que se optó por asumirlo sabiendo que representaba riesgos. "Nosotros tomamos el riesgo cuando salimos con el slogan y creo que en estos tiempos difíciles que vive Guatemala es necesario que todos los guatemaltecos, los buenos guatemaltecos, tomemos riesgos. Yo creo que la situación lo vale", dijo. Advirtió que los analistas nacionales e internacionales coinciden: "Guatemala es un Estado, capturado dicen unos, camino a ser un Estado fallido, dicen otros. Ante esto, es importante correr riesgos". Descarta que se trate de un proyecto similar al de países vecinos. "La interpretación que nosotros le damos a mano dura es diferente a lo que vimos en Honduras y El Salvador", sostiene. Pérez es reconocido como signatario de los Acuerdos de Paz en 1996, como representante del Ejército de Guatemala, y desafía a sus opositores a demostrar ante los tribunales cualquier violación a los derechos humanos en el que se le involucre durante su carrera militar. Sin embargo, los activistas y el diario estadounidense "The New York Times" lo vinculan al caso del dirigente guerrillero Efraín Bámaca, esposo de la estadounidense Jennifer Harbury, ejecutado extrajudicialmente en 1992, tras resultar herido y ser capturado con vida. En 2000 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió que el Estado de Guatemala violó, entre otros, los derechos a la libertad y a la vida de Bámaca. Pérez afirma que sus manos "no resultaron manchadas" por este caso. "No queremos ser negativos. Posiblemente su mentalidad ya cambió, pero todas las organizaciones que laboramos en derechos humanos conocemos las denuncias en las que se le ha mencionado. Yo le doy el beneficio de la duda. Pudiera ser que ya estando en el poder pueda cambiar todo, puede ser", dijo Farfán. Pérez se considera un comprometido con los Acuerdos de Paz y afirma que su gobierno los impulsará, aunque reconoce la necesidad de invertir en las fuerzas armadas -a pesar de lo impopular que resulte ante la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en la estructura de las instituciones y la falta de presencia militar en áreas por donde transita la droga. "Estamos muy claros: o no tenemos Ejército y dejamos que el narcotráfico siga haciendo lo que quiere por ejemplo en Petén (Norte) o en otras zonas del país, o nos defendemos como guatemaltecos. Esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de la defensa de los guatemaltecos, de la defensa de nuestro territorio". "O somos capaces de levantar los helicópteros que la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) tiene tirados y levantar los aviones que hoy no tiene la FAG, o dejamos que las naves del narcotráfico sigan aterrizando donde ellos quieran, sin ninguna presión de parte de las fuerzas de seguridad", afirmó.
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