Protestas en las calles de Sucre
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LA PAZ (AFP) -
La Asamblea Constituyente boliviana decidió este viernes suspender por un mes sus sesiones para devolver la paz a la convulsionada ciudad de Sucre, que le exige la restitución de la sede del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Las pugnas regionales habían impedido sesionar al foro desde el 15 de agosto cuando la mayoría oficialista decidió por voto eliminar de su agenda la solicitud de Sucre de considerar su pedido de trasladar la sede de gobierno a esa ciudad en perjuicio de los intereses de La Paz.
La demanda de Sucre resucitó una vieja aspiración regional y exacerbó los ánimos especialmente de sectores estudiantiles que la noche del miércoles al jueves atacaron con bombas molotov el edificio que alberga a la Asamblea, que nuevamente tuvo que suspender sus sesiones.
"Se suspende un mes las deliberaciones de la Asamblea Constituyente" hasta que "haya más paz y tranquilidad en Sucre porque no podemos sesionar en otra parte toda vez que nuestros actos serían ilegales", dijo el tercer secretario del foro Angel Villacorta en declaraciones a la radio católica Fides.
El clima de beligerancia subsiste en la capital boliviana, que alberga al poder Judicial y a la Constituyente, donde nuevamente este viernes sectores de la población manifestaron, mientras una huelga de hambre de decenas de personas ingresaba en su cuarta semana.
La situación se complicó tras la negativa de la dirección civil de Sucre, que reclama la capitalidad plena en desmedro de La Paz, de asistir a una reunión de conciliación fuera de su ciudad, en Potosí.
La convulsionada ciudad de Sucre, a 579 km al sur de La Paz, no es, según el gobierno, un escenario idóneo para el diálogo debido a que se ha convertido en el epicentro del conflicto.
A Sucre confluirán el lunes un número indeterminado de campesinos para asistir a una denominada Cumbre Social, afín al gobierno, para manifestar su respaldo a la Constituyente.
Según diversas fuentes en la capital boliviana estarán ese día entre diez mil y 30 mil indígenas de diversos lugares del país.
También para el lunes una autodenominada Junta Democrática, integrada por seis organizaciones civiles, de marcada tendencia conservadora, anunció una masiva huelga de hambre nacional "en defensa de la democracia", según su manifiesto, contra el presidente Morales.
El vocero presidencial Alex Contreras señaló que esa organización representa en realidad a "sectores de la oligarquía que no quieren perder sus privilegios" como consecuencia de "los cambios del presidente Evo Morales" especialmente en el plano agropecuario.
El líder de la principal organización civil-empresarial de Santa Cruz es el empresario Branco Marinkovic, un latifundista de origen croata que, según el gobierno, despojó ilegalmente a los indios guarayos de una extensión de tierras calculada en 12 mil hectáreas.
Marinkovic, dueño de otras empresas, negó tajantemente haberse apropiado de manera ilícita de ese territorio que incluye una laguna -ahora cercada- que surtía a los pobladores de la región.
El fin último de las protestas "es atentar contra la Asamblea Constituyente" que debe entregar una nueva Constitución a más tardar el 14 de diciembre e "impedir a toda costa que el presidente culmine los cambios que afectan a las oligarquías", según Contreras.
Morales nacionalizó en mayo del año pasado los hidrocarburos de manos de las multinacionales y anunció que su próxima tarea es revertir las tierras ociosas, sin fin útil, a manos del Estado para su distribución comunitaria.
En medio del conflicto la Iglesia Católica llamó el jueves "a todos a no instrumentalizar a sectores de la población como medios de presión que pueden terminar en enfrentamientos, incluso con pérdidas humanas".
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