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EDITORIAL¿Aeropuerto a la vista? Un acuerdo positivo y estimulante que nos enseña sobre la desidia y miopía del Estado, de 1998 al 2006El costo de no decidir o aplazar la solución de los problemas se paga con atraso, pobreza y desconfianza en las instituciones El acuerdo, anunciado ayer, entre el Gobierno y los bancos acreedores sobre la continuación del contrato y la conclusión de las obras en el aeropuerto internacional Juan Santamaría requiere la ratificación de la Contraloría General de la República. El addendum –el cuarto, en los últimos tres años, en esta procelosa navegación– estará listo dentro de tres semanas. La Contraloría dispondrá de 23 días hábiles, una vez recibido, para decir la última palabra. Una vez conocido el criterio de la Contraloría, nos referiremos al contenido de este documento, así como a sus antecedentes y proyección. En este comentario queremos destacar dos aspectos nada más: en primer lugar, la satisfacción que produce este acuerdo, tras un intenso esfuerzo de negociación, digno de encomio, y la reiteración del problema radical de la gestión pública. En cuanto al primero, nada más estimulante para el país que la comprobación de que, poco a poco, se puede ir aligerando la pesadísima carga de los problemas acumulados, en este caso en el campo de la infraestructura vial. El elevado déficit en esta materia es directamente proporcional a la ineficiencia de diversas administraciones. El aeropuerto internacional Juan Santamaría es su más fiel espejo. Las relaciones entre el Estado y la gestión interesada de este aeropuerto fueron, desde el principio, una vez puesto en marcha el proyecto, ambiguas. El órgano fiscalizador no ejerció sus cometidos. El Estado se dedicó a ver y oír en las administraciones de 1998 al 2002 y de este año al 2206, y, más bien, cuando actuó, lo hizo en forma precipitada y errónea. De esta manera, puso a disposición del consorcio Alterra Partners, como gestor interesado, un arsenal de causales o antecedentes para disimular o justificar sus incumplimientos, o bien para hacerlas valer, eventualmente, ante los tribunales de justicia. Ojalá que, al menos, este proceder sirva de lección permanente de lo que no se debe hacer jamás en la administración de la cosa pública. La dificultad y complejidad de la negociación, que precedió al acuerdo anunciado ayer, verifica la irresponsabilidad con que se había actuado en años anteriores. El caso del aeropuerto internacional Juan Santamaría no es, lamentablemente, el único. Esta ha sido la tónica en diversos proyectos públicos y en los más variados órdenes en el ámbito del Estado, como lo han puesto de manifiesto nuestros reportajes a lo largo de los años y lo han expuesto profusamente el programa Estado de la Nación y numerosos expertos nacionales e internacionales. La prueba irrefutable está documentada en las consecuencias de esta incuria en los sectores sociales que han sido sus víctimas y, en general, en el propio desarrollo económico del país. Insistimos, por ello, en nuestro editorial de ayer en la conveniencia de cotejar nuestro estilo en la toma de decisiones con la capacidad de visión y ejecución del Gobierno de Panamá. Las pruebas nunca faltan. Este periódico informó, el sábado pasado, de que el MOPT ha dispuesto terminar el tramo norte de la carretera de circunvalación, en San José, en el 2010, cuatro años antes de la inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, en el 2014. Este proyecto de circunvalación comenzó hace unos 30 años, cuando se firmaron los Tratados Torrijos-Carter. Por obvia, nos abstenemos de hacer comparaciones cronológicas, entre muchas otras, con la Costanera, con el viacrucis de la telefonía celular, la aplicación de la ley de concesión de obra pública, el reglamento interior de la Asamblea Legislativa o los tres años a cuestas con el TLC. El cuadro se completa con la evasión, convertida en doctrina, de buscar chivos expiatorios para descargar en ellos nuestra propia responsabilidad.
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