La ministra de Cultura, María Elena Carballo, dijo que hará todo lo posible para reclamar las fincas. Adriana Ovares

Investigación
Ministra de Cultura reclamará las tres fincas de la Sinfónica

La ministra de Cultura, María Elena Carballo, anunció ayer que tomará todas las medidas legalmente posibles para conseguir que la Asociación Pro Orquesta Sinfónica Juvenil entregue al Estado tres fincas de la Sinfónica.

Carballo informó de que solicitó asesoría a la procuradora, Ana Lorena Brenes, sobre el procedimiento a seguir para reclamar los terrenos y se encuentra a la espera de instrucciones para iniciar el trámite.

“Tengo un compromiso absoluto con la Sinfónica y con el país para recuperar esas tierras”, afirmó la funcionaria.

Una investigación de La Nación reveló el domingo que en 1973 el entonces presidente, José Figueres Ferrer, recibió una donación de $60.000 para la orquesta y utilizó una parte para comprar tres fincas, aledañas a La Lucha.

Don Pepe puso las fincas a nombre de una asociación presidida por él, con la condición de que al expirar, esta traspasaría los terrenos a la Sinfónica.

Treinta y cuatro años después, las fincas continúan en manos privadas, ahora a nombre de la Asociación Pro Orquesta Sinfónica Juvenil, presidida por Kirsten Figueres, una hija del expresidente.

Se consultó a la ministra si solicitará a la Asociación que done las fincas voluntariamente. “No descarto la colaboración de la gente que en este momento tiene, o cree que tiene, las fincas”, respondió Carballo.

Sin embargo, aclaró que no ha estado en contacto con ningún representante de la Asociación. Según dijo, el Registro de Personas Jurídicas le confirmó que esta se encuentra extinta y, por tanto, no se sabe quiénes la representan y si son “sujeto de conversación”.

La Nación le preguntó por escrito a Kirsten Figueres si la Asociación que preside está dispuesta a entregar las fincas, pero no respondió esa pregunta. Solo indicó que no considera extinto el grupo..

Actuación de exministro. La junta directiva de la Sinfónica se reunirá la próxima semana y espera que Guido Sáenz , exministro de Cultura, dé explicaciones sobre su actuación en el caso.

Sáenz fue vicepresidente de dos asociaciones que poseyeron las fincas y en 1997, en lugar de cumplir un estatuto que ordenaba traspasarlas al Estado, las entregó a la Asociación presidida por la hija de don Pepe.

La Ministra informó de que en agosto, luego de que La Nación solicitó al Ministerio algunos documentos sobre el caso, la junta directiva discutió el tema y Sáenz comentó el origen de las fincas.

No obstante, el exministro Sáenz omitió informar de su participación en los hechos, según confirmaron ayer dos miembros de la junta, Luis Diego Vargas y Giannina Umaña.

“Creo que es grave. La junta directiva debe tomar cartas en el asunto, pero debemos estar todos juntos (…) para tomar decisiones”, comentó Carballo.

En una entrevista la semana pasada, Sáenz arguyó que no conocía la existencia del estatuto de la Asociación y que está dispuesto a asumir la responsabilidad de su decisión.

La Ministra también indicó ayer que se investigará por qué si el Departamento Legal de ese ministerio determinó, en 1998, que los terrenos debían estar en manos del Estado, no se realizaron los trámites para reclamarlos.

La Auditoría Interna y el Departamento Legal del Ministerio de Cultura emitieron criterios, en 1998, según los cuales el traspaso realizado por Sáenz fue “improcedente” y “debió operar a favor del Estado”.

En el 2001, la Procuraduría le indicó por escrito al entonces ministro, Enrique Granados, solicitar la donación de las fincas, pero el trámite nunca se concretó.

Granados afirmó a este diario que él trasladó el caso al Departamento Legal, pero la directora de este, Orietta González, dijo que nunca recibió los documentos.

Carballo declaró que ayer mismo solicitó un informe sobre la correspondencia del despacho de esa época, para determinar quiénes conocían del trámite y qué hicieron al respecto.