Reencuentro de madre e hija
(AFP)
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SAN SALVADOR (AFP) -
El partido de la ex guerrilla izquierdista y entidades defensoras de los derechos humanos de El Salvador pidieron este martes que se derogue la ley de amnistía de 1993, con la cual se perdonaron crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992), y que se castigue a los culpables.
"La Ley de Amnistía fue un error, los crímenes de lesa humanidad no pueden dejar de ser castigados y esa normativa lo que hace es cerrar esa posibilidad a quienes buscan justicia, esa ley no debería ser", aseguró a la AFP Walter Durán, diputado del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La ley de amnistía fue emitida por el Congreso en 1993, tras el fin de la guerra y a pedido del entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), lo que impidió las investigaciones sobre masacres y otros crímenes de lesa humanidad cometidos durante esa etapa de la historia salvadoreña.
Diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos han insistido en la necesidad de que esa ley sea derogada.
En tanto, la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos durante la Guerra (PRO-BUSQUEDA), indicó que uno "de los tantos crímenes de lesa humanidad" que se dieron durante el pasado conflicto fue la desaparición forzada de personas, entre ellas niños, muchos de los cuales quedaron en manos de militares o dados en adopción a extranjeros.
"Nos enfrentamos a ese terrible sistema de impunidad, tenemos una ley de Amnistía plena y absoluta, es la más aberrante que podemos encontrar... Las víctimas deben pelear contra toda esperanza por hacer pagar a los culpables", afirmó el gerente de Pro-Búsqueda, Mario Sánchez.
En tanto, el diputado Guillermo Gallejos, jefe de la bancada de la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha), aseguró que su partido "respetará" la ley de Amnistía y no se apoyará ninguna iniciativa que pudiera llegar al Congreso para derogarla.
"El hecho de pedir la derogación es querer abrir heridas nuevamente en la sociedad salvadoreña, esa ley fue parte fundamental del proceso de paz y no vamos a poner en riesgo la paz alcanzada", señaló Gallegos.
"Muchos se han amparado en esa ley para escapar del brazo de la justicia y siguen impunes, (y) no se puede hablar de abrir heridas porque las mismas no se han cerrado y no cierran porque no ha existido justicia para quienes clamamos por justicia", aseguró a la AFP el presidente de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Miguel Montenegro.
La guerra civil salvadoreña concluyó en enero de 1992 y tras doce años de conflicto quedó una estela de 75.000 muertos, unos 8.000 desaparecidos y cuantiosos daños a la economía nacional.
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