Sistema será automatizado a partir del 2008

Contraloría verificará contenido de las declaraciones juradas

 Corroborará en bases de datos la información brindada por funcionarios

 Sistema revisará automáticamente unos 11.000 testimonios

La Contraloría General de la República (CGR) implantará en el 2008 un sistema automático para verificar el contenido de las declaraciones juradas de bienes.

Los datos incluidos en ese documento serán contrastados con información existente en los registros informáticos del Registro Nacional, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Consejo de Seguridad Vial, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Instituto Nacional de Seguros y la Dirección General de Tributación.

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Cada año, en mayo, la Contraloría recibe unas 11.000 declaraciones de funcionarios públicos, pero hasta ahora era casi imposible comprobar la veracidad de los datos aportados por los declarantes.

De esa forma, la obligación de declarar los bienes –con el fin de prevenir y detectar casos de corrupción– quedaba reducida a un simple requisito y había quienes se tomaban el riesgo de omitir hechos o aportar datos falsos.

La Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito obliga a una amplia gama de empleados públicos a declarar sus propiedades, vehículos, participaciones en empresas e incluso el valor del menaje de casa y de su vestuario.

Hasta el 2006 todas las declaraciones eran en papel y la CGR seleccionaba solo una muestra al azar para confirmar, manualmente, algunos de los datos aportados.

Aun así, la Contraloría ha encontrado situaciones sospechosas. En el 2007 han sido amonestados 42 funcionarios, la mayor parte de ellos por haberse atrasado o no haber presentado el documento.

En otros 23 casos han sido abiertas investigaciones formales.

Control y comodidad. “Necesitamos incrementar la eficiencia, no solo para comprobar la calidad de la información de las declaraciones, sino también para verificar, comprobar y analizar casos relacionados con las inconsistencias en las declaraciones”, comentó Walter Ramírez, gerente de la división de Fiscalización de la CGR.

Con ese objetivo, la CGR recibió en mayo unas 700 declaraciones en forma digital y espera que para el próximo año la totalidad de los documentos sean de ese tipo.

Según Ramírez, expertos en informática de la Contraloría diseñan un programa que incorpora la información de los declarantes a una base de datos y verifica automáticamente lo aportado con los registros de al menos seis instituciones públicas con las que ya se firmaron o se firmarán convenios.

La información recabada será absolutamente confidencial.

Con ese procedimiento, la CGR se concentrará solo en aquellas declaraciones en las que haya inconsistencias o variaciones súbitas en el patrimonio

A esos funcionarios se les consultará la razón de las incongruencias o cambios patrimoniales y tendrán tiempo para corregir errores o hacer enmiendas.

Solo se abrirán investigaciones cuando las explicaciones no sean satisfactorias.

Conexión. Según el director del Registro Nacional, Dagoberto Sibaja, esa institución dará a la CGR una línea exclusiva y permanente a todas sus bases de datos.

De esa forma, la CGR podrá consultar siempre que lo desee datos de propiedades, vehículos, planos y sociedades anónimas.

Para Sibaja, la implantación del nuevo sistema es positiva. “Como funcionario público uno debe ser transparente y anuente a que lo investiguen. Si digo la verdad no me preocupa que lo comprueben porque encontrarán que lo que declaré es cierto”, aseveró.

El alcalde de Curridabat, Édgar Mora, considera que la verificación de los datos ayudará a desmitificar el deber de declarar los bienes.

“Cuanto más chequeada y analizada sea la declaración es más posible que termine convirtiéndose en algo muy normal, y si, además, se da el chance de hacer enmiendas sería maravilloso”, manifestó Mora.

En su criterio, completar la declaración jurada de bienes es relativamente sencillo y no debería ser un desestímulo para participar en la función pública.

Luego de la etapa de conexión con las bases de datos, en el 2009 la CGR procurará establecer un sistema de “detección de riesgos”.

Con este sistema, se intentará identificar puestos e incluso a personas que podrían ser vulnerables a actos de corrupción, con el fin de fortalecer los controles en esos eslabones y prevenir perjuicios a la hacienda pública.