Juan Manuel Campos Ávila | jcampos@abogados.or.cr

Decisión soberana

Abogado

Después de múltiples intentos para la apertura del sector de telecomunicaciones en Costa Rica, el pueblo costarricense que acudió a las urnas el pasado 7 de octubre tomó la decisión soberana de modificar sustancialmente el mecanismo de provisión de los servicios de seguros y telecomunicaciones al ordenarse un régimen de competencia regulada. En ambas áreas se hará necesaria la promulgación de una ley, la creación de una entidad reguladora y una apertura segmentada.

En el caso específico de telecomunicaciones, se requiere cumplir con los ejes fundamentales previstos en el TLC con EE. UU. y que se pueden resumir en los siguientes elementos:

Fortalecimiento del ICE . El tratado establece la necesidad de modificar la legislación del Instituto Costarricense de Electricidad con el propósito de adaptarlo al nuevo esquema en el que dicha Institución se deberá desenvolver en el mercado. La Asamblea Legislativa ha avanzado bastante en este punto y hoy ya tiene dictaminado un proyecto de ley, con el expediente 16397, que cumple con el fortalecimiento del ICE.

Servicio universal. El tratado ha dejado en manos del legislador costarricense la determinación de los alcances del servicio universal y la forma en que se financiará. De momento, el proyecto de ley general de telecomunicaciones dictaminado en la Asamblea Legislativa ordena la creación de un Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que se creará con un aporte que oscilará entre el 2% y el 4% de los ingresos brutos de los operadores que cobren una contraprestación económica a sus clientes. La definición y alcances de los servicios a universalizar deberán precisarse en el proyecto de ley que conoce la Asamblea Legislativa, para poder garantizar a la población un régimen solidario que atienda el cierre de la brecha digital entre aquellos que tienen servicios porque pueden pagarlos y los que ni siquiera tienen como acceder a ellos porque no tienen dinero para comunicarse.

Autoridad reguladora independiente. Siguiendo la tendencia internacional en el establecimiento de autoridades reguladoras de telecomunicaciones, el país se comprometió a dotar a la nueva entidad reguladora de suficiente independencia (para evitar la captura del regulador por los agentes en el mercado) y dentro de sus competencias, el Tratado establece que a esta entidad se le podrá asignar la administración del espectro radioeléctrico, la fijación tarifaria y el otorgamiento de licencias a los nuevos operadores. Es importante aclarar que el actual proyecto de telecomunicaciones que está en discusión en la Asamblea Legislativa parte las actividades regulatorias entre la Aresep y el Poder Ejecutivo. Esta dualidad no solo resulta peligrosa en materia tan sensible como es el otorgamiento o la revocación de licencias para operar en el país, sino que no cumple con el tratado, ya que el regulador que obliga el TLC es uno solo.

Apertura de servicios . La materialización de la apertura del sector de telecomunicaciones se dará en el momento en el que el país pueda garantizar que está en capacidad de otorgar nuevas concesiones en telefonía celular, Internet y redes privadas. Respecto a servicios como el celular que requieren de espectro radioeléctrico, el problema que tendrá el regulador y por ende el Gobierno para cumplir con el TLC será el dilucidar la forma en que se recuperaran frecuencias radioeléctricas ya que en este momento no hay espectro radioeléctrico disponible para hacerle frente a la apertura de telecomunicaciones.

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Todavía hay mucho camino por recorrer y los diputados deberán enfrentar el dilema de si se promulga una ley que desregule todo el sector de telecomunicaciones, como lo contempla el actual proyecto de ley (16398), o bien si tan solo se emitirá una ley para atender los compromisos comprendidos en el TLC.

La ruta hacia la apertura todavía es incierta; sin embargo, la oportunidad es histórica para que podamos exigir al legislador una ley balanceada que integre la competencia y liberalización del mercado sin descuidar la solidaridad social.