Familias condenadas a vivir en pobreza

El futuro aparece con un nubarrón oscuro para Lucía (nombre ficticio a solicitud de la funcionaria) y sus dos hijos.

Esta funcionaria pública, vecina de la zona sur, recibió en febrero la noticia de que tendrá que devolver lo que el Estado le pagó de más por la pensión de viudez que le dejó su difunto marido.

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Lucía aún no entiende la “lógica” de esa medida: “¿A qué condenan a una persona? ¡A la miseria! Porque si yo le estoy diciendo que con mi salario no me alcanza, si me embargan el salario, entonces, ¿cómo voy a vivir?

“Si mis hijos solo me tienen a mí, y si tengo que verme obligada a buscar otro trabajo, los dejaría sin padre y sin mamá. Eso es injusto”, reclamó.

En su caso, su esposo cotizó para el régimen de Hacienda antes de fallecer, repentinamente, hace cinco años.

Su hijo mayor ni siquiera ha podido ir a la universidad porque no tiene dinero para enviarlo a estudiar más. Tampoco consigue trabajo en una zona del país donde el desempleo abunda.

Su caso está bajo apelación en la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), del Ministerio de Trabajo, y es uno de los 27 que están en proceso de cobro.

Más historias. Pero este no es el único caso.

Rocío Marín, funcionaria de la Universidad de Costa Rica (UCR), no ha logrado que la DNP le apruebe la pensión por viudez por la que cotizó su difunto esposo, William Vargas.

Su marido, periodista de profesión, cotizó para el régimen del Magisterio Nacional. La junta de pensiones del Magisterio, le aprobó a ella la pensión, pero la DNP no aprueba su giro mientras ella trabaje en el sector público.

“Yo no hice los trámites inmediatamente después de la muerte de mi esposo porque quedé muy afectada”, recuerda Marín.

Y agrega: “Él murió en junio del 2004. Presenté los papeles el año pasado, pero me dijeron que había una resolución de la Sala IV que impedía que me le dieran porque yo todavía estaba trabajando en el sector público.

“¡Qué increíble que esto suceda con las personas que por años cotizan para que en algún momento ellos o sus beneficiarios no se vean desprotegidos en el futuro! Es como ilógico.

“La vida continúa. Nosotros habíamos comprado casa. Esa deuda no se rebajó porque Wílliam muriera. Aunque la pensión no sería muy alta (serían como ¢153.000 mensuales), yo con eso me ayudaría en el pago de la casa.

“Ellos (la DNP) aspiran a que uno renuncie al trabajo, pero eso es ilógico”, sentenció Marín.

Ambas mujeres esperan que la situación se resuelva a su favor.

Sin embargo, el director nacional de pensiones, Francis Zúñiga, dice que hay un vacío legal que le impide a la Dirección resolver los casos como esta gente espera.

Para Zúñiga, la única salida posible es que, vía proyecto de ley, se resuelva el vacío legal que está afectando la vida de un grupo de funcionarios públicos.