Costa Rica, Domingo 28 de octubre de 2007

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EDITORIAL

Otro paso hacia la dictadura

 La reforma constitucional de Venezuela avanza hacia la concentración del poder

 Las posibilidades de frenar el ímpetu autoritario parecen cada vez menores

Lo único que, por desgracia, podía pasar en Venezuela, pasó: el jueves, un Congreso en el que solo existen diputados oficialistas, dio la aprobación final al proyecto de reformas constitucionales que dotará de un cierto manto legal a la construcción de una dictadura en el país. De este modo, muchas de las prácticas autoritarias y los mecanismos de control que se han venido implantando durante el gobierno de Hugo Chávez, podrán recibir un asomo de legitimidad institucional, mientras se implantarán otras disposiciones que acelerarán el proceso.

Cumplido este trámite legislativo, la única oportunidad que les queda a los ciudadanos para frenar la consolidación del andamiaje autoritario es el referendo que se celebrará el 2 de diciembre. Sin embargo, por las limitaciones para la acción de los grupos independientes, por la poca organización que estos tienen, por el apabullante poder del Estado, por la falta de garantías sobre la pureza del sistema electoral, por el alto grado de abstencionismo que se prevé, y por algunos artículos irresponsablemente clientelistas introducidos en el nuevo texto constitucional, lo más probable es que el resultado favorezca al régimen.

El proyecto reforma 69 de los 350 artículos de laConstitución bolivariana , un texto que el propio Chávez había calificado en el pasado como “uno de los mejores del mundo”, pero que llegó a convertirse en un obstáculo para sus ímpetus dictatoriales. De allí que planteara una amplia modificación, orientada, esencialmente, hacia el autoritarismo caudillista y el control de los ciudadanos y los grupos sociales por parte de las estructuras oficiales.

Los cambios esenciales, de los que hemos informado en ediciones anteriores, incluyen aumentar de seis a siete años el período presidencial e introducir la reelección indefinida; es decir, convertir a Chávez casi en un mandatario vitalicio. A esto se añaden la politización de las Fuerzas Armadas, la pérdida definitiva de la autonomía del Banco Central, la capacidad de realizar cualquier clase de expropiaciones arbitrariamente, y el poder del Presidente para declarar “estados de excepción” de forma indefinida, que incluirían la suspensión del debido proceso judicial y del derecho a la libertad de información y expresión.

Como contraparte populista para “dorar la píldora” de los sectores más desfavorecidos, la reforma incluye una reducción de la jornada de trabajo de ocho a seis horas por día y la creación de un fondo de asistencia y subsidios para los “trabajadores por cuenta propia”, es decir, los que se desenvuelven en el amplio sector informal de Venezuela. Estas últimas son medidas que, además de su carácter estrictamente oportunista, resultan muy discutibles desde el punto de vista de la salud de la economía y de la orientación de la política social.

¿Podrán los grupos independientes y opositores frenar en el referendo la maquinaria autoritaria que tiene por insignia la reforma constitucional? A simple vista, parecería una posibilidad. Mientras un 63% de la población dice apoyar a Chávez, solo un 33% aprueba la generalidad de los cambios propuestos, aunque hay respaldo mayoritario hacia la reducción de la jornada laboral y los subsidios. Es decir, existe una actitud recelosa del electorado, que, en el fondo, revela su apego a la democracia, aunque también su seducción populista. Sin embargo, el poder oficialista y su capacidad económica de reparto son tales, que resulta sumamente remota la posibilidad de un rechazo en la consulta. Por esto, nos encontramos frente a una virtual consumación del proyecto dictatorial del Presidente y sus aliados.

La oposición, sin embargo, debe apostar en serio a la movilización de la población para el referendo. Sería la única forma de no dejar la vía totalmente abierta al proyecto de Chávez, como lo hizo cuando se negó a participar en las elecciones parlamentarias, y de mantener una organización que le permita, al menos, enfrentar y moderar los peores excesos autoritarios.

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