Los pasatiempos de Japdeva

 Los puertos de Limón y Moín perdieron el sentido del tiempo y del trabajo

 Una institución donde se paga dos o tres veces para que se cumpla la jornada de trabajo

La Sala Constitucional declaró, el 10 de octubre pasado, que los trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) deben cumplir las jornadas de trabajo. Esta resolución explica por sí sola la situación laboral y legal anómala en sus relaciones con un grupo de trabajadores. Se tuvo que recurrir a este alto tribunal para que dijera lo que es público, notorio y elemental: que la jornada de trabajo debe cumplirse, que el salario debe ganarse trabajando y que, si el trabajador se rebela, debe sancionarse.

Así funciona el Estado de derecho en el sector público y en el privado. Lo demás es, de parte de unos, chantaje, y, de parte de otros, incapacidad para administrar y, como tal, inobservancia de sus deberes. Sin embargo, aquí no se detiene el descalabro. La resolución de la Sala Constitucional tampoco movió a administradores y dirigentes sindicales a someterse a la ley. Esta historia es de sobra conocida en el país. Vale la pena, sin embargo, revivirla y completarla con las últimas decisiones de la junta directiva de Japdeva, la que, posiblemente, aduzca razones de fuerza mayor para proceder así, en vista de las negociaciones venideras sobre la concesión de los puertos de Moín y de Limón. La cuestión de fondo, con todo, sigue en pie: las normas legales no son objeto de subasta. Se deben cumplir. Lo contrario es el caos y el triunfo de la injusticia, pues, en última instancia, tanta liviandad y descoco lo pagan los contribuyentes.

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Pues bien, un centenar de trabajadores de Japdeva (operarios de remolcadores, guardas de seguridad, supervisores de carga y encargados de amarrar los barcos) recibirán un aumento de salario para que cumplan los turnos de ochos horas legales. El monto concreto se fijará después. Esta decisión administrativa se aprueba, pese a que, en julio pasado, ya se les había pagado una indemnización de ¢2.000 millones por haber aceptado trabajar las ocho horas de ley. Pero siguió el festín. No obstante haber cobrado esta suma, siguieron trabajando solo seis horas al día, con grave perjuicio para las empresas navieras, los importadores y los exportadores. El ministro de Trabajo (sic) participó en las negociaciones y, por supuesto, le impartió su bendición, como se ha procedido con todas las convenciones, no obstante sus exacciones y privilegios.

Como lo hemos reiterado en otros comentarios, estos cacicazgos y grupos de poder, en Japdeva y en otras instituciones claves, están lejos de practicar los principios y valores del sindicalismo, como organización social consagrada al bienestar de los trabajadores en el marco de la ley. Esta verdad molesta a los dirigentes sindicales, pero debe repetirse, sobre todo si se tiene en cuenta que el poder sindical depende del papel estratégico de las instituciones públicas. Cuanto mayor sea el volumen de daño que pueda inferírsele al país o al Estado, en el orden cualitativo o cuantitativo, más eficaz es el chantaje, generalmente en nombre de la justicia social o de la patria. Esto explica, en consecuencia, el esmero en mantener el poder o, como ocurre, en perpetuarse en él, así como el miedo cerval de sus dirigentes en todo lo que signifique reforma, innovación o competencia.

Ignoramos si el capítulo sindical de Japdeva y de su presa, la institución, tendrá fin. Lo cierto es que estas aberraciones le han costado al país sumas gigantescas, en medio de la mayor impunidad y del silencio de quienes, pudiendo hablar y denunciar, prefieren guarecerse en el silencio.