Diálogo, negociación y respeto

 Crecimiento económico y desarrollo social con TLC

Alcalde de San José

Desde el inicio de su historia, en la Grecia clásica, la democracia siempre se sustentó en el diálogo, la negociación y el respeto al mandato de la mayoría.

Ahora que, por fin, se presenta la gran oportunidad histórica de superar la polarización social surgida en torno a la ratificación o no del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica, Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC), gracias a que los diversos actores parecen dispuestos a respetar la voluntad soberana de la ciudadanía, que mayoritariamente dijo SÍ al mencionado acuerdo, es necesario crear los canales de diálogo y construir los puentes para alcanzar un consenso suficiente para que la Asamblea Legislativa tramite, en el menor plazo posible, los proyectos de la agenda complementaria y, a su vez, una serie de iniciativas que aseguren una distribución más equitativa de la riqueza y un modelo de desarrollo solidario.

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Se trata de formular un nuevo pacto en el seno de la sociedad costarricense, que equilibre la ecuación entre crecimiento económico y desarrollo social, de modo que propicie que los ganadores con la aprobación del convenio sean todas y todos los costarricenses.

Un gran reto para el país. Desde esta perspectiva, es muy positivo que, de manera democrática, en el marco institucional vigente, se plantee un diálogo nacional, que representa un gran reto para el país, el cual podría ser beneficioso para el porvenir de Costa Rica, en general, y no solo para los que apoyaron la opción del SÍ o del NO en el referéndum del 7 de octubre.

Para los 74 alcaldes y alcaldesas que, el pasado 14 de agosto, manifestamos nuestro apoyo a la ratificación del TLC y le formulamos al presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, una serie de propuestas para hacer compatible el crecimiento económico con el desarrollo social, resulta muy satisfactorio que muchas de esas ideas formen parte de las iniciativas que diversas fuerzas políticas han asumido, con el propósito de alcanzar acuerdos que hagan viable ese nuevo pacto social.

La redistribución más justa de la riqueza; el incremento de la participación del Estado en el producto interno bruto (PIB), mediante disciplina fiscal y una reforma tributaria progresiva (que haga que paguen más, quienes tienen mayores ingresos); el pago de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social y la promoción de la salud pública; el fortalecimiento de la educación, como herramienta de movilidad social y de desarrollo; la capacitación y el apoyo crediticio (Banca de Desarrollo) a los micro-, pequeños y medianos productores agrícolas y a los empresarios de todas las escalas; la construcción de nuevas infraestructuras, que permitan canalizar más fácilmente los productos nacionales hacia los mercados mundiales; la mejora en la competitividad del país; la atención a las poblaciones vulnerables; y el traspaso de recursos a la esfera local de la administración pública; es decir, a las municipalidades, para que estas puedan asumir efectivamente su rectoría en el progreso social, económico, ambiental y cultural de los cantones, fueron algunas de las ideas que el Gobierno se comprometió a apoyar si el pueblo aprobaba el TLC.

Cierre de la brecha social. Estas propuestas, además, son congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo del Poder Ejecutivo, que requería la aprobación del acuerdo comercial refrendado en las urnas por los costarricenses, no como un modelo económico y social, sino como una garantía para la generación de riqueza, la cual debe distribuirse de forma más equitativa, de modo que se cierre la sangrante brecha social que divide a quienes menos tienen de quienes más tienen actualmente.

En consecuencia, es fundamental el compromiso del Gobierno de la República, en el sentido de fortalecer a las municipalidades, ya que estas, por su cercanía a los ciudadanos, son las instancias administrativas que conocen mejor cuáles son sus necesidades, problemas, aspiraciones y esperanzas. Por ende, un punto vital en la agenda legislativa de los próximos meses, una vez se aprueben los proyectos complementarios al TLC, es la emisión de las leyes necesarias para hacer efectiva la reforma al artículo 170 de la Constitución, que establece que el 10% del presupuesto ordinario del Estado se canalice por medio de los gobiernos locales.

Los alcaldes y alcaldesas del país, con independencia de nuestra filiación política, reivindicamos dichas iniciativas y esperamos que sean llevadas a la práctica en el menor plazo posible. El crecimiento económico y el desarrollo social son factibles, si hay voluntad política para que lo sean.