Odioso impuesto arrocero

 Decisión de diputados pondrá término a un perjuicio a los más pobres

Analista tema consumidores y competencia

Es una buena noticia que los diputados, como dio a conocer un reportaje reciente de La Nación , tomaran la decisión de reformar la Ley de Conarroz para eliminar el impuesto arrocero y los privilegios que se crearon para un grupo muy pequeño en perjuicio de los más pobres.

De los escasos ingresos de miles de familias, salen en la actualidad millones de colones para financiar Conarroz. Esto lo confirma el informe más reciente del Banco Mundial, elaborado por el especialista Diego Petrecolla, quien descubrió que, a lo largo de un período de 10 años, la transferencia estimada de dinero de los consumidores a los arroceros alcanzó la suma de “$396,4 millones, cerca de ¢132.358,6 millones”.

Regresión social. Por lo tanto, sostiene el investigador, “el impacto de esa transferencia es socialmente regresivo porque el gasto per cápita mensual en arroz representa entre el 7% y el 8% del ingreso per cápita de las personas que residen en los hogares más pobres (1.º quintil), y entre el 0,4% y el 0,6% del ingreso de las personas que habitan en los más ricos (5.º quintil)”.

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Al crearse Conarroz se utilizó un discurso populista y simplista. En ese momento se dijo que era para beneficiar a los pequeños productores. Sin embargo, nada más alejado de la verdad, debido a que los informes de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y el Informe del Estado de la Nación, entre otros, revelan que los grandes arroceros fueron los favorecidos con la creación de una institución innecesaria e ineficiente.

Los informes oficiales emitidos por el propio Conarroz revelan la caída en la producción nacional y la cantidad de productores, así como un proceso alarmante de concentración.

Constitución violada. Por otra parte, el enriquecer a los arroceros a costa de los pobres y de los consumidores es una violación a la Constitución Política, así como también a los derechos humanos fundamentales.

Hoy, los diputados miembros de la Comisión de Asuntos Agropecuarios tienen la oportunidad de rectificar y eliminar beneficios indebidos y un monopolio encubierto que genera distorsiones en la economía, afecta los precios, paga ineficiencia, controla abusivamente las importaciones e incide en forma negativa en la pobreza, además de que revela la falta de solidaridad de algunos grupos.