Un nuevo magistrado

 En manos de los diputados está la despolitización de los nombramientos

Abogado y catedrático, UCR

El nombramiento en una magistratura judicial es uno de los asuntos más delicados en un sistema democrático como el costarricense. Siempre ha sido el talón de Aquiles en nuestra historia republicana.

Así, sabemos que, desde la primera Constitución Política que tuvo Costa Rica, se ha utilizado todo tipo de mecanismos para esa delicada decisión: desde el nombramiento antojadizo por los diputados del Congreso o por el Poder Ejecutivo, dada la inexistencia de personas idóneas, con los mínimos requisitos profesionales para ejercer tan delicada función, pasando por la elección popular hasta llegar a la que actualmente rige, la cual, aunque no es perfecta, es perfectible, pese a que no hay asomo de cambios en su regulación.

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En todas estas elecciones ha habido su grado de dificultad pues, sobre todo hoy, después de casi dos siglos, el país tiene la necesaria experiencia para no caer en la politización de una elección que debe ser muy cuidadosa y en la que jamás debe quedar la más mínima duda sobre su legitimación.

Vicio a extirpar. La época, no muy lejana, en que se nombraba a un familiar, amigo o militante de un partido político por ser tal, y no por sus propios atributos profesionales y personales, hay que extirparla como vicio político que, por odioso, solo mal traería a una elección como la que se avecina.

La elección de un magistrado requiere 38 votos de los diputados y, dada la conformación del actual Congreso, los legisladores deben lograr consenso para elegir, en forma responsable, a quien ocupará la vacante existente en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que conoce de las materias laboral, familiar, sucesoria y –muy importante en épocas de comercio mundial– concursos civiles y quiebras.

Para este cargo se debe pensar en un profesional en Derecho con amplia experiencia judicial y académica, sea que haya concursado o que, de acuerdo con las irrenunciables potestades constitucionales de los diputados, decidan llamar a algún jurista que, por sus méritos, esté dispuesto a servir a la patria desde tan alto cargo.

Excelente elección. El antecedente es el mismo magistrado que hoy se sustituirá, quien, aunque no concursó para ese cargo, al ser un gran jurista, de reconocida trayectoria y ciudadano ejemplar, en aquel momento fue llamado a ejercer la judicatura y el tiempo comprobó que se hizo una excelente elección.

Igualmente, es necesario hacer hincapié en que, dada la mayoría requerida, los diputados han de llegar transparentemente al consenso para elegir al mejor, según sus méritos, públicamente reconocidos, como garantía de que su elección no solo beneficiará a la judicatura, sino que también servirá al país con probidad e irreprochabilidad comprobadas en una vida dedicada al derecho.

Por ello, en manos de los diputados está el que se despoliticen los nombramientos en los órganos estatales y, tratándose del Poder Judicial, se espera que los representantes populares sepan escoger entre quienes no solamente tienen un sólida formación profesional en aquellas materias, sino también entre los que se caractericen por una vida que sea prueba absoluta de una corrección personal intachable.