El espacio jurídico internacional

 Plataforma para una nueva cosmovisión jurídico-judicial

Luis Paulino Mora, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Jorge Obando , abogado y consultor internacional

Por invitación de la Secretaría de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, recientemente participamos en una reunión de representantes de los ministerios de Justicia de Latinoamérica, España y Portugal. La actividad se llevó a cabo en Antigua, Guatemala, y resultó una espléndida oportunidad para intercambiar criterios, con personas calificadas y conocedoras de sus realidades nacionales, acerca de la reforma del sector justicia. La reunión fue también apoyada por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

Durante la reunión se prepararon una serie de documentos que, por mandato de los jerarcas ministeriales, habrán de servir de base para la toma de acuerdos durante la XVI Conferencia de Ministerios de Justicia de América Latina, España y Portugal.

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Esta Conferencia tendrá lugar en Costa Rica durante el segundo semestre del 2008. España se constituyó en la sede de la Secretaría General de esta Conferencia el año pasado, le dio rango de organismo internacional y es su principal motor organizacional y financiero. Es de esperar que Costa Rica apruebe, en sede legislativa, muy pronto el convenio que legitima a la Conferencia.

El nuevo espacio jurídico. La acelerada marcha de la actividad informativa, comercial y política internacional ha superado en mucho el ritmo de formulación de institutos jurídicos que las regulen. Estos institutos serían los llamados a enmarcar la actividad mencionada dentro de parámetros predecibles, seguros y justos. Como respuesta a esta falencia, la Conferencia de Ministerios de Justicia de Iberoamérica está propiciando el aporte de todos los países hispano-luso parlantes en la construcción de un nuevo espacio jurídico común.

Este espacio habría de servir como plataforma en la conformación de una nueva cosmovisión jurídico-judicial.

Construcción a partir de logros. El gran reto técnico consiste en construir un sistema mucho más ágil y efectivo sin lastimar, o reducir, de manera alguna las garantías procesales, o los derechos fundamentales, consagradas en nuestras constituciones. Partiendo de estos esquemas jurídicos debemos regular adecuadamente relaciones jurídicas sin precedente histórico y pensar instituciones que respondan mejor a los retos sociales, económicos y políticos actuales. La innovación jurídica habría de incluir, por ejemplo, el principio funcional que regiría la actuación institucional al punto que le permita, y obligue, superar formalismos y ritos propios de una visión preconstitucional del principio de legalidad. Además del principio funcional debemos elaborar los estándares de la eficacia y transparencia institucional que actuarían como elementos esenciales del control político-social del quehacer de nuestros gobiernos y funciones judiciales y legislativas (dentro de tales estándares estarían, por ejemplo, los estatutos de derechos de los usuarios de los poderes judiciales).

Complementariedad y compatibilidad. En el mundo iberoamericano, como interfase facilitadora de la globalización, se está construyendo una comunidad en la que están presentes los tres elementos de un ordenamiento jurídico: la plurisubjetividad materializada por los estados nacionales, gobiernos locales, ciudadanos y empresas multinacionales y nacionales; la organización representada por instituciones nacionales y organismos internacionales; y la normativa, cuya mayor parte habría de ser desarrollada por medio de pactos o tratados internacionales.

Este nuevo ordenamiento jurídico no se rige por una autoridad superior, sino que se basa en la cooperación y en la forma voluntaria de integrarse por parte de los sujetos. Dentro de este nuevo sistema se habrá de permitir la circulación libre de información y por lo tanto, la comparación de los desempeños de los sistemas nacionales de justicia. El nuevo sistema jurídico se caracterizaría por ser diferenciado, lo cual obliga a juristas y operadores nacionales a realizar esfuerzos intelectuales tendientes a evitar roces con los sistemas y tradiciones jurídicas nacionales. La legitimidad del nuevo sistema se logra mediante la participación de todos los países y se alimenta de acuerdos democráticamente establecidos.

Lenguaje técnico común y retos. En Antigua se habló acerca de reformas normativas, modelos de gestión administrativo-judicial, gobernabilidad del sistema y relaciones interinstitucionales. Se habló con confianza y realismo acerca del pasado y futuro del desarrollo institucional iberoamericano. Mediante este tipo de diálogos la cooperación está propiciando la construcción de un lenguaje técnico común que habría de facilitar el efectivo enfrentamiento de nuestros países a problemas comunes. Se pretende cooperar, a nivel iberoamericano, no solo en el establecimiento de un servicio público que dote a todos los usuarios de una justicia de calidad, sino aprovechar los espacios internacionales para el crecimiento y desarrollo de las instituciones judiciales nacionales.

En Antigua se pusieron sobre la mesa varios de los retos que actualmente significan amenazas a nuestras sociedades, tales como la seguridad ciudadana, subrayándose el gran peso desestabilizador de la narcoactividad; las disfunciones en la administración de las instituciones del sector justicia, señalándose especialmente el atraso judicial; las lecciones aprendidas en reformas de las leyes donde se confirmó la necesidad de su permanente revisión y el establecimiento de mejores prácticas para la buena gobernabilidad del sistema de justicia. También se habló de cómo podemos cooperar entre los países de habla española y portuguesa para que nuestra inserción en la comunidad internacional sea menos traumática y mucho mejor negociada. Nuestro agradecimiento a la Secretaría de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica.