Los pobres esperan

 Las juntas de educación tienen engavetados ¢18.000 millones sin hacer obra ni ganar intereses

 El modelo actual de entrega y control del dinero para las juntas de educación se estableció hace 100 años

Este es otro editorial sobre el Estado solidario. Quizá llegue un día en que se tome conciencia, a punta de informes críticos de la Contraloría General de la República y de reportajes de la prensa, del desfase abismal entre la prédica y la realidad. No sabemos cuándo llegará ese día, pero lo que sí es cierto es que las víctimas de este descalabro son los sectores más pobres del país.

La Nación ha publicado en estos años diversos reportajes sobre el despilfarro de los recursos del Estado. Su número y calidad ha sido, con todo, inversamente proporcional a la rectificación y a las soluciones, en parte por indiferencia y en parte por la acumulación de problemas sociales desatendidos. Ahora, el desafío es doble: la acumulación y la reconquista del tiempo perdido. Mas, no todo es negativo. Al menos, ha calado la comprobación de que la causa de estos males no ha sido la falta de dinero, sino la falta de responsabilidad de los gestores públicos. También se ha dado otro paso adelante: la Contraloría nos ha enseñado que, más bien, se ha contado en no pocas dependencias o instituciones con suficiente dinero… engavetado. Mucho peor que la mala gestión pública: la indolencia y el acomodo a una estructura arcaica.

No tenemos, pues, perdón. No hay excusa que justifique este cúmulo de traspiés, de fallas y hasta de atentados contra la calidad de vida de la gente, contra los derechos y necesidades de los más pobres, contra el progreso del país. Esto nos dice el reportaje de ayer de este periódico, extraído de un informe de la Contraloría, institución llamada a ser la guardiana de las finanzas públicas y no, como ha ocurrido, a suplir la incompetencia de muchos funcionarios públicos y a llamarles la atención sobre asuntos elementales de la administración pública. El reportaje citado se refiere al engavetamiento de ¢18.000 millones para la reparación de escuelas.

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Caemos así, de sopetón, en el surrealismo. Los municipios no invierten ni satisfacen muchas necesidades de las comunidades, pese a contar con suficientes recursos. Las explicaciones abundan, pero la realidad, monda y lironda, es esta. En cuanto a la infraestructura de escuelas y colegios, mientras escuelas y colegios funcionan en el abandono, con total irrespeto para los derechos esenciales de los estudiantes y de los padres de familia, las juntas de educación mantienen a buen recaudo el elevado monto citado, recibido, de parte del Ministerio de Educación Pública, el año anterior y los primeros seis meses del actual. De esta suma solo han usado ¢192 millones, es decir, el 1%.

Este es el dato frío y escueto, al que siguen otras consideraciones. Si, a duras penas, las juntas invierten, la contratación de la empresa constructora es lenta y compleja, lo que encarece los materiales. Por este motivo, entre el 2003 y el 2005, solamente terminaron el 42% de los proyectos. Y, si esto no bastara, el dinero de las juntas se encuentra en la caja única del Estado, donde no ganan intereses. Mientras tanto, muchos estudiantes, como informamos ayer, reciben clases “ecológicas”, bajo los árboles, o hacinados en aulas estrechas. ¿Otra causa? Carencia de asesoría jurídica y técnica. Se supone, sin embargo, que el MEP y el MOPT debieron, como rectores, supervisar el desarrollo de las edificaciones, pero esta obligación no se ha cumplido por décadas.

Y así, paso a paso, llegamos al descubrimiento supremo: el modelo actual para entregar estos recursos se diseñó hace 100 años, cuando solo quedan algunos sobrevivientes. Este sentido del tiempo y de la innovación lo explica todo. Llegados a este punto, no se requieren más comentarios. Los pobres esperan.