Faltan ¢30.000 millones para atender últimos cinco desastres

Declaratoria de emergencia no garantiza giro de dinero

 Decreto no obliga a instituciones públicas a donar sus superávits

 Déficit crecerá en ¢35.000 millones por recientes inundaciones

La firma de un decreto de emergencia no garantiza que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) recibirá el dinero necesario para reconstruir diques, puentes, caminos y viviendas afectadas por las inundaciones que golpearon al país durante 11 días.

Aunque la declaratoria de emergencia les pide a todas las entidades del Gobierno que donen un porcentaje de sus excedentes para recuperar la infraestructura, ninguna institución está obligada a hacerlo.

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• Instituciones son poco solidarias

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Según reconoció Daniel Gallardo, presidente de la CNE, se depende de la “buena voluntad” de las instituciones para reunir los ¢35.000 millones requeridos para reconstruir 3.370 kilómetros de vías en lastre que se borraron con los últimos aguaceros.

El dinero también debe alcanzar para recubrir 200 kilómetros de carreteras asfaltadas y levantar 1.550 casas de interés social.

Sin embargo, la historia reciente dice que las entidades de Gobierno son poco solidarias y así lo demuestran cinco declaratorias de emergencia. En todas ellas la inversión apenas representó el 7% del total de pérdidas.

Los aguaceros y derrumbes de esas cinco declaratorias, que se sucedieron entre junio del 2006 y agosto del 2007, dejaron pérdidas por ¢32.500 millones, pero el giro de las instituciones con superávit fue de apenas ¢2.300 millones.

Los temporales arrasaron con puentes, casas y caminos en Desamparados, Belén, Aserrí, Alajuelita y varios cantones de Limón, Heredia y Cartago.

Más allá de este período, Gallardo confirmó que del 2001 al 2006 los desastres naturales provocaron pérdidas en infraestructura y agricultura por ¢150.000 millones, pero el aporte de Gobierno fue de apenas ¢40.000 millones, el 26% del total.

Desaprovechar el recurso. Gallardo sostiene que las ventajas de un decreto de declaratoria de emergencia se pierden por la poca contribución económica de las instituciones estatales.

Entre otras cosas, el decreto autoriza a la CNE a realizar contrataciones rápidas para dragar ríos, reforzar diques o reconstruir vías.

Los trámites en la Comisión tardan apenas unos meses, en comparación con el proceso de licitación ordinaria, que puede extenderse de dos a tres años si hay apelaciones de las empresas participantes.

La CNE también puede recurrir a ríos y tajos para extraer material para calles de lastre con solo notificar al Ministerio del Ambiente y eso acelera la rehabilitación de caminos cantonales.

Karla González, ministra de Obras Públicas y Transportes se sumó a la quejas de la CNE y sostuvo que sin dinero de otras entidades ajenas a su sector es imposible rescatar la infraestructura vial.

“Los decretos de emergencia tienen sentido si se dota de recursos inmediatamente. En el MOPT no tenemos plata para dar ni hacer obras, apenas hay recursos para la red nacional de asfalto”, señaló.

Empero, agregó que el Ministerio no cuenta con los ¢19.000 millones que se necesitan para reconstruir los 3.730 kilómetros de lastre. “Lo que necesitamos es que las autónomas giren dinero y con base en los planes reguladores se forma una bolsa de dinero para contratar la reparación”.

La Nación consultó al Ministerio de Hacienda sobre la posibilidad de que sea esa dependencia la que le exija a cada institución que aporte un porcentaje para el decreto de emergencia, pero en la oficina de prensa dijeron que se referirán a este tema hasta el lunes.

Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia, tampoco se refirió al tema. Colaboraron Irene Vizcaíno e Ingrid Morales.