Alianza criminal

 La alianza criminal de licor y transporte sigue imperando en las vías públicas

 Hay que reconocer que el principal déficit nacional es el de responsabilidad personal

La alianza de licor y de medios de transporte, de cualquier clase, sea público o privado, está causando estragos en nuestro país. Es el más temible enemigo. A su paso, quedan la muerte, las lesiones físicas, las pérdidas económicas, la orfandad, la viudez, el dolor sin fin y la impotencia de la gente, al contemplar una patología social que, en vez de disminuir, se agrava año con año. Tampoco importan en esta guerra no declarada, peor, al parecer, que la declarada, la edad, la condición social o económica de las víctimas o de los conductores. Mucho menos cuentan las leyes, la larga lista de los muertos, la cárcel o el monto de las penas.

La última víctima –o, mejor, la penúltima, pues, de seguro, vendrán otra y muchas otras– de esta alianza infernal de guaro y vehículos fue Gerardo David Rodríguez Gairad, de 10 años, vecino de Lomas del Río, en Pavas, cuando su madre, Margoth Gairaud, regresaba, a las 10.30 a. m., con él y otro hijo de la escuela. El conductor criminal, de apellido Ledezma, quien huyó después del acto delictivo, presentó una alcoholemia de 2,41 gramos de licor por litro de sangre –cuando el límite permitido es de 0, 49–, resultado inequívoco de la ingestión de tragos. Ledezma, además, no tenía licencia desde marzo pasado, cuando le fue retenida por conducir en estado de ebriedad.

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Se sabe, sin embargo, a ciencia cierta, verificada por millares de casos, que la carencia de licencia no es obstáculo alguno para conducir ni, por consiguiente, para matar. Tampoco lo son las multas. Algunos acumulan decenas con más gloria que pena. La reincidencia es solo un dato en un documento. En cuanto a Ledezma, se tiene noticia de que, una vez preso y conducido a la Fiscalía Ordinaria de Turno, saludó, completó sus papales, respondió algunas preguntas y se marchó dispuesto, posiblemente, a repetir su hazaña criminal, por cuanto, en estas condiciones, no hay rehabilitación ni temor posibles. Ni siquiera pasó una noche en la cárcel. Así piensan los familiares de las víctimas, que no saben de leyes.

La reacción natural, en estas circunstancias, es clamar por la reforma de laLey de Tránsito. Siempre ocurre así. Bien está en revisarla, agravar las penas y promulgarla, a sabiendas, sin embargo, de que el quid está en su cumplimiento. De lo contrario, la ley se convierte en una evasión y todo sigue igual. Es preciso, sin embargo, adoptar algunas normas. Una, la prohibición absoluta de que cualquier vehículo, con más razón taxi o autobús, monte a un pasajero en las intersecciones o por la puerta que da a la calle. Debe sancionarse seriamente al dueño del restaurante, bar o cantina que venda licor a clientes en estado de preebriedad. La persona que preste un vehículo a un conductor sin licencia debe ser castigada. La conducción en estado de ebriedad exige todo el peso de la ley.

De acuerdo con las autoridades de tránsito, se han formulado 4.600 partes a conductores ebrios en lo que va del año y 1.950 en estado de preebriedad. Esta es, sin embargo, solo una muestra de una tragedia social de vastos alcances, pues tomar y conducir es en nuestro país lo normal, como manejar sin límite de velocidad. La causa de esta descomposición se encuentra en el déficit del sentido de responsabilidad, que se advierte en las vías públicas y en muchas otras actividades del país. Como tal, es un mal profundo, cuyas raíces se extienden a la familia, a la educación y al sistema de impunidad imperante en no pocos sectores del país. Este epílogo no resuelve la tragedia vial. Sin embargo, la toma de conciencia, ante los hechos, de la crisis de responsabilidad es, al menos, un paso.