Proyecto de reforma constitucional

Límites a derechos civiles abren controversia en Venezuela

 Grupos temen más totalitarismo y poder de concretarse reforma de Chávez

 Fuertes críticas por barrera de proceso judicial en caso de estado de excepción

Caracas. AFP. La restricción al debido proceso judicial y a la información durante “estados de excepción”, como parte del proyecto de reforma constitucional del presidente Hugo Chávez, causó esta semana fisuras en ese gobierno y avivó a la oposición.

La tercera y definitiva discusión del proyecto de reforma constitucional, con el debate uno a uno de los artículos, se inició esta semana con la impugnación del partido Podemos (izquierda moderada) de la incorporación, por parte del Congreso, de 25 nuevos artículos a la reforma de Chávez.

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Ismael García, líder de Podemos, dijo que este incremento, que introdujo una comisión especial del Congreso, viola procedimientos y a la Constitución.

Podemos solicitó ayer al Consejo Nacional Electoral un pronunciamiento sobre el paquete añadido por el Congreso a los 33 artículos que Chávez propuso reformar en primera instancia.

En otro acto público ante el Tribunal Supremo de Justicia, la agrupación consignó un recurso de interpretación sobre la legalidad del debate en el Parlamento.

El mandatario, que recibió de Podemos más de 10% de los 7,2 millones de votos para su reelección en diciembre, tildó de “traición” la postura de ese partido, que a su vez lo llamó “intolerante”.

La Conferencia Episcopal de Venezuela expresó ayer su oposición a la reforma porque “acentúa la concentración de poder” y “favorece el autoritarismo”.

“En el campo de los derechos humanos y constitucionales, algunas disposiciones representan una involución, como los tres artículos de la reforma sobre los estados de excepción”, añaden los prelados.

Esos cambios “restringen derechos consagrados en la actual Constitución, lo que atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos”, indicó un comunicado de la jerarquía católica.

Carlos Escarrá, constitucionalista y asesor de Chávez en esta reforma, evitó referirse a este punto, por primera vez, junto al diputado José Albornoz, líder del oficialista del partido Patria para Todos.

Retroceso en lo informativo. Andrés Cañizales, corresponsal en Venezuela de Reporteros Sin Frontera (RSF), dijo que la Constitución Bolivariana vigente (desde 1999) establece que “aun en el caso de un golpe o ante una catástrofe natural que obliguen a un estado de excepción no se tomarían restricciones al flujo informativo”.

Sin embargo, la presidenta del Congreso, Cilia Flores, “interpreta que en una situación de emergencia el único que puede informar es el gobierno”, acotó Cañizales.

“Esa modificación al artículo sobre el estado de excepción, es un retroceso a la Constitución de 1961, que había sido superada con la Constitución Bolivariana de 1999”, promovida por Chávez cuando llegó al poder, alegó Cañizales.

El fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez, también calificó de “inconstitucional la restricción del debido proceso judicial.

El debido proceso “es un derecho absoluto, que no debe ser restringido ni siquiera en los estados de excepción”, dijo el fiscal en un comunicado.

Rodríguez defendió, además, “la presunción a la inocencia, el derecho a ser oído, a ser juzgado por un juez natural, el derecho a que no puedes ser aprehendido sin un proceso debidamente conformado”.

En contraste, Rodríguez sí aceptó que sea restringido el derecho a la información en caso de estados de excepción.