Por una sociedad justa

 Podemos cambiar la página, pero el capítulo no está terminado

Secretaria General Siteco

No cabe la menor duda de que el pueblo costarricense optó, el pasado domingo 7 de octubre, por dar la ratificación al Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos. Como dirigente sindical y como ciudadana, estoy obligada a respetar el voto expresado por la mayoría en las urnas.

El soberano optó por que se apruebe el Tratado de Libre Comercio, que fue la consulta del referendo, y los costarricenses no tenemos que sentirnos obligados a ligar la decisión tomada con la aprobación de un grupo de leyes complementarias, o mal llamadas “de implementación”, sino en el tanto y en el cuanto permitan la aplicación del trabajo sometido a la opinión del pueblo.

Ni un milímetro. Considero, entonces, conveniente que, una vez manifestada la opinión popular mayoritaria ejercida en la forma indicada, nuestros representantes en el Poder Legislativo se dediquen a discutir las llamadas leyes de implementación para que respondan en forma absoluta, literal y ajustada al Tratado de Libre Comercio, sin correrse ni un milímetro de los puntos o ítems contenidos en el Tratado.

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No se vale, ni el pueblo lo ha autorizado a los diputados, ampliar por vía de “implementación” los contenidos en el Tratado de Libre Comercio, y, como costarricense, me he comprometido a fiscalizar, controlar y denunciar cualquier abuso que los diputados pretendan justificar en leyes de implementación que vayan más allá de los contenidos del Tratado.

Recuerden, señores diputados y los miembros de los partidos políticos, que más de 700.000 costarricenses votamos en contra del Tratado porque no compartimos algunos de sus contenidos.

Por eso, este pueblo exigirá, en el momento en que sea necesario, el respeto de lo aprobado por la voluntad popular si se diera alguna desviación o actitud de abuso de poder mediante la aprobación de leyes complementarias.

Protección de derechos. No es ocioso insistir en que el pueblo costarricense no está dispuesto a ceder en forma gratuita, y sin lucha, el Estado social del derecho, y dentro de esa intención se encuentra también el establecimiento de adecuados mecanismos de protección a los sectores de población cuyos derechos podrían verse debilitados por los efectos del Tratado y de las leyes de implementación.

Estamos dispuestos a cambiar la página respetando la voluntad popular, pero no hemos cerrado todavía el capítulo de la lucha por la defensa de los derechos del pueblo costarricense.

Esa es la tarea que nos corresponde a los costarricenses que creemos en una sociedad justa, equitativa y solidaria, donde se construyan herramientas en beneficio de todo el pueblo.