Caja alega pérdida de $277.000 en compra de 34 equipos médicos

Juez ordena elevar a juicio causa relacionada con crédito español-CCSS

 Imputan peculado a exgerente de Modernización de la Caja del Seguro

 Fiscalía pidió sobreseimiento, pero CCSS presentó querella y acción civil

El Juzgado Penal de Hacienda ordenó ayer la apertura a juicio de una de las dos causas judiciales que existen por las compras efectuadas con dinero del crédito que España otorgó a la CCSS para modernizar sus equipos médicos.

Así lo confirmó anoche el jefe de Prensa del Poder Judicial, Fabián Barrantes.

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El préstamo español se aprobó en julio de 1997, durante la administración Figueres Olsen (1994-1998), fue por $40 millones y tenía como condición que el 90% de los equipos debía comprarse a empresas españolas.

Las calidad y el precio de los equipos adquiridos por la CCSS fue severamente cuestionada por la Contraloría General y por una junta de notables convocada en el 2004 por el entonces presidente Abel Pacheco de la Espriella.

Como resultado de estos cuestionamientos, el Ministerio Público abrió dos investigaciones.

La causa que ayer se ordenó elevar a juicio es una de ellas y tiene origen en la compra de 34 equipos de otorrinolaringología para los hospitales de Niños y México.

Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) alegan que en esa transacción la entidad sufrió un prejuicio de $277.000 (¢144 millones).

En esta causa figuran como imputados Juan Carlos Sánchez Arguedas, exgerente de Modernización de la CCSS, y el excoordinador de la CCSS en la Unidad Ejecutora del préstamo español, Álvaro Muñoz Fonseca.

Les imputan los presuntos delitos de peculado e incumplimiento de deberes del funcionario público.

En la causa también aparece como imputado el exrepresentante en Costa Rica de la empresa proveedora I-Cuatro, Carlos Quesada Bermúdez, a quien se acusa del presunto delito de estafa.

Desetimación y querella. En el 2005, el Ministerio Público solicitó la desestimación de esta causa; sin embargo, los abogados de la CCSS, William Rodríguez y José Miguel Barquero, basados en un informe elaborado por la Contraloría General de la República, presentaron una querella y una acción civil en la que reclaman que se repare a la CCSS con $277.000 más daños morales de persona jurídica.

Edgardo García, defensor del exgerente de Modernización, cuestionó la decisión judicial de elevar este caso a juicio, después de que la Fiscalía había solicitado un sobreseimiento.

“Después de una exhaustiva investigación, en la que el Ministerio Público concluyó que Sánchez Arguedas fue diligente en defender los intereses de la CCSS y que su conducta no encuadra en ninguno de los tipos penales, la Caja tomó el informe de la Contraloría y lanzó una querella ,y ahora el juez decidió que esto se ventile en un juicio”, expresó García.

Bernán Salazar Ureña, quien está a cargo de la defensa de Carlos Quesada Bermúdez y Álvaro Muñoz Fonseca, no quiso comentar sobre la decisión de elevar el caso a juicio.