Gobierno de las mayorías

 El pueblo de Costa Rica no está dividido en dos

Economista

La mayoría de los costarricenses que votaron el domingo lo hicieron para apoyar el Tratado de Libre Comercio con EE. UU. (TLC). Imagino que no les descubro nada nuevo, a pesar de que hay personas que no entienden que la palabra "mayoría" significa la mitad más uno, pero creo que es importante destacarlo. Sobre todo porque en democracia la mayoría del pueblo –que expresa su opinión mediante el sufragio universal– es la que decide el rumbo de un país, máxime en un referéndum. Digo todo esto porque determinados grupos, aunque aceptan –a regañadientes, dicho sea de paso– lo que los ciudadanos dijeron en las urnas, han iniciado de nuevo el ambiguo discurso de la "casa dividida".

Igualmente del resultado electoral se deriva que la mayoría –la mitad más uno, insisto– decidió por medio del voto su adhesión al TLC. Este tratado comercial sin las leyes de implementación es imposible ratificar, por tanto, lo que los costarricenses dijeron el domingo fue SÍ al TLC en toda su extensión. Esto no supone un cheque en blanco para que el Gobierno o los partidos que apoyan el TLC en la Asamblea Legislativa, incorporen a esa "agenda paralela" cualquier ley que se les antoje. Ni tampoco para que conviertan esas trece leyes en lo que no deben ser. Pero no se preocupen, eso no va a suceder.

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Las denominadas "leyes de implementación" ya fueron presentadas en la Asamblea Legislativa antes de que el pueblo soberano decidiera aprobar el TLC. Por tanto, ahora no deben ser modificadas, salvo en los puntos que acuerden por medio del sistema de comisiones y mociones, la mayoría de los diputados. Se dice desde cierto púlpitos que lo que se aprobó el domingo no fueron las leyes paralelas, lo cual es cierto relativamente, dado que sobre temas como la apertura en telecomunicaciones y seguros –quizá los temas de mayor calado a nivel popular– han sido ampliamente debatidos a lo largo del proceso de referendo. Eso es innegable. Como resulta indudable que los ciudadanos votaron conociendo lo que se estaba dilucidando en cuanto a esas materias.

¿División? Otro de los análisis que no deja de realizarse de forma conveniente, respecto a lo manifestado por la soberanía popular, es que el "pueblo está dividido en dos". Con esto se pretenden dos cosas. Primero restar legitimidad a la voz de las urnas, pretendiendo hacer pensar que la victoria del SÍ no fue tal, sino que más bien fue un empate. Gran falacia. De nuevo: la mayoría es la mitad más uno. La segunda intención es mucho más peligrosa. Lo ajustado del resultado ha sido interpretado como la prueba inequívoca de la división existente en la sociedad costarricense. Dependiendo del analista de turno, la intensidad de las consecuencias de esta presunta división difiere significativamente: desde el vuelco electoral hasta la confrontación social.

Nada más lejos de la realidad. Si miramos hacia el resto del mundo, muchas de las democracias más sólidas y avanzadas viven en una división continua entre dos formas de ver la realidad nacional. Alemania, Francia, Reino Unido o EE. UU., son claros ejemplos de ello. El que una parte muy importante de la población, cerca de la mitad, esté en desacuerdo con la otra mitad sobre un tema concreto o sobre las políticas económicas no es razón para alimentar los sueños "guerracivilistas" de algunos.

Efectivamente este proceso recién terminado debe ser leído desde las élites gubernamentales y económicas como un aviso de la creciente complejidad de la vida costarricense. Una llamada de atención para que este país tome la senda del crecimiento y la competitividad económicos sin dejar de lado la redistribución de la riqueza, fundamentalmente centrada en la erradicación de la pobreza. Pero de ahí a desconocer la voluntad de la mayoría, por medio de la invocación del consenso –el "espejismo" del consenso, que diría Oscar Arias–, va un trecho muy largo. Esperemos que los poderes Ejecutivo y Legislativo, elegidos mayoritariamente por el pueblo soberano, no acepten por ningún concepto el chantaje moral implícito al que se les pretende someter, bajo la amenaza de la no existencia de un consenso. Si acatasen tal chantaje, entonces estarían quebrando la esencia propia de la democracia: el gobierno de las mayorías.