“Tregua” y libertad de expresión

 La independencia editorial de los medios no está sujeta al TSE

 Quienes pretenden limitar la expresión irrespetan la democracia

Sorprende que, en una democracia de tanta tradición, solidez y apoyo popular como la nuestra, todavía exista, entre muchas personas y dirigentes políticos y sociales, profunda confusión sobre la importancia y el real significado de una de las libertades más trascendentes para el ejercicio de nuestra vida pública y la preservación de los derechos fundamentales: la libertad de expresión. De tal confusión son claro reflejo algunos reclamos sobre presuntas violaciones a la “tregua” en la propaganda sobre el TLC que, con base en la legislación vigente, impuso el Tribunal Supremo de Elecciones (TLC) a partir del jueves de la semana pasada. La mayoría de esas quejas provienen del bando perdedor, pero también han surgido algunas del ganador.

La llamada “tregua” consiste, claramente, en la imposibilidad de divulgar propaganda o hacer proselitismo a partir del momento en que es decretada. Lo que prohíbe, por tanto, son los anuncios o campos pagados en los medios de comunicación, la entrega de volantes o la organización de actividades públicas de carácter proselitista. Se trata, sin duda, de una limitación a la libertad de expresión; sin embargo, por focalizarse exclusivamente en la dimensión propagandística de esta, y por tener un período de duración muy limitado, no constituye una real violación a ese derecho, sino una forma de regularlo en aras de la tranquilidad y de eliminar el “ruido” de la propaganda cerca de los comicios, sean nacionales o, como en este caso, un referendo.

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Pero la tregua no implica, ni puede implicar, la limitación en la independencia y la libertad de los ciudadanos y los medios de comunicación para buscar y difundir informaciones y opiniones en torno al proceso. Es decir, se elimina la propaganda, pero se mantiene, en las mismas condiciones de siempre, la autonomía periodística para informar sobre los hechos que cada medio considere relevantes y para recabar y dar a conocer, en sus espacios periodísticos, puntos de vista relacionados o no con la elección o referendo.

Lo anterior implica, por ejemplo, que don Rolando Araya tenía tanto derecho a hablar en su programa radial del sábado 6 en contra del TLC, comoLa Nación a publicar artículos alabando o criticando el tratado, y los canales 6 ó 7 a divulgar entrevistas con los dirigentes del SÍ y del NO. Más aún, por supuesto, la libertad de expresión respalda el derecho a divulgar informaciones de enorme importancia para el proceso, como las aclaraciones del Gobierno de Estados Unidos sobre la imposibilidad de renegociar el tratado, producidas a raíz de las declaraciones, en sentido inverso, emitidas por congresistas convocados por Ottón Solís, líder del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Pretender, como algunos alegaron, que se limiten esas expresiones implica una visión peligrosamente autoritaria de la sociedad y absolutamente irrespetuosa de la libertad de expresión y de información. Porque, si tal noción prevaleciera, se establecería una mordaza sobre la autonomía editorial de los medios y sobre el derecho de los ciudadanos a contar con información relevante y plenamente sustentada para tomar sus decisiones.

A estas alturas de nuestro desarrollo político, explicaciones como las anteriores parecerían ociosas. Sin embargo, dirigentes que deberían tener elementales conocimientos y convicciones de libertad como para entender la trascendencia que tiene la de expresión, han calificado como “violación” de la tregua el tipo de ejercicio informativo y de opinión comentado. De este modo, revelan una enorme ligereza y un evidente oportunismo, consistente en suponer que las libertades individuales y sociales son buenas si me benefician, pero no si me perjudican. Es decir, en el fondo, un enorme irrespeto hacia ellas.