Delincuencia transnacional

 La esclavitud se está haciendo evidente de nuevo

Fiscal del Ministerio Público

Con pesar observamos en la prensa cómo a una mujer se le atribuye traficar con personas menores de edad a quienes trasladó desde Nicaragua a Costa Rica y las obligaba a trabajar en casas y a prostituirse.

La esclavitud, que creíamos desaparecida, está de nuevo a la orden del día en el mundo. Vemos cómo está proliferando con la forma del sexo forzoso, el trabajo doméstico, las labores agrícolas, a los que se ven obligados los inmigrantes ilegales para saldar las impagables deudas contraídas con los traficantes. Esta es la coacción que sufren quienes son víctimas de la explotación ejercida por delincuentes que se benefician de un mercado ilícito que actualmente mueve millones de dólares alrededor del mundo.

Tráfico internacional. Basta observar los periódicos nacionales para darnos cuenta de que el tráfico internacional de armas, lavado de dinero, tráfico internacional de drogas, entre otros, son delitos cometidos por bandas de delincuencia organizada transnacional, de la que no escapa Costa Rica.

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La tecnología amplió el mercado, no solo en términos geográficos, al abaratar los costos de transporte, sino también por el hecho de hacer posible el tráfico ilícito en una gama de productos que antes no existían, como el software pirateado o la marihuana genéticamente modificada. Las nuevas tecnologías posibilitan, asimismo, el comercio de productos que en el pasado resultaban difíciles o imposibles de transportar, como órganos humanos.

La delincuencia transnacional no solo ha experimentado un espectacular aumento de volumen, sino que, debido a su capacidad de amasar grandes beneficios, se ha convertido en una gran fuerza internacional. Para los delincuentes, las fronteras crean oportunidades comerciales al tiempo que convenientes escudos protectores.

Asistencia recíproca. Por Ley N° 8302, publicada en La Gaceta (N° 123 del 27/6/03), la Asamblea Legislativa ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre del 2000. Este instrumento internacional permite prestar recíprocamente entre los países la más amplia asistencia judicial respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionadas con delitos como corrupción, lavado de dinero, participación en grupos delictivos organizados, etc. Así se busca prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

El artículo 18 inciso 13 de dicha Convención establece la obligación que posee cada Estado de designar una autoridad central encargada de recibir o enviar solicitudes de asistencia judicial de forma más expedita y eficaz. Al día de hoy, Costa Rica no ha designado a la autoridad correspondiente que permita operativizar esta Convención, un lujo que el país no puede darse, puesto que los hechos que están ocurriendo diariamente en nuestro país así lo demandan.