Autoridades piden justificar capitales

La Fiscalía y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) impulsaron, sin conseguirlo, un proyecto de ley para atacar el problema de las fortunas sospechosas.

En su propuesta sugirieron que la falta de demostración del origen lícito del patrimonio, total o parcial, generaría su pérdida.

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En el denominado proyecto de Ley contra la delincuencia organizada, el capítulo V estipulaba: “Toda persona física o jurídica está obligada a dar cuenta ante el Ministerio de Hacienda o ante la Contraloría de la República, cuando estos así se lo pidan, de la causa generadora de su patrimonio, especialmente de los incrementos emergentes”.

Como sanción sugería: “La persona física o jurídica que no pueda justificar su patrimonio o los incrementos emergentes, será condenada administrativamente a la pérdida total o parcial del patrimonio emergente, a pagar los impuestos de toda índole y las costas de investigación”.

En esos casos, resultaría irrelevante la proveniencia ilícita del dinero. La iniciativa encontró tropiezos en el Poder Ejecutivo.

A salvo. El viceministro de Seguridad Pública, Gerardo Láscarez, considera que la ley tiene un vacío pues para combatir la legitimación es necesario “invertir la carga de la prueba”.

Con eso quería decir que el dueño del capital es quien debe rendir explicaciones y no las autoridades investigar para demostrar la proveniencia ilícita del dinero. “Es el único remedio posible. Con la legislación vigente va a ser imposible demostrar un solo caso de legitimación de capitales.

“Aquí la persona debería demostrar al Estado de dónde obtuvo su dinero. Sé que eso podría ser considerado como inconstitucional, pero si se hizo una reforma en el caso de las intervenciones telefónicas, también podría hacerse lo mismo en este caso”, opinó.

Para el funcionario es más que evidente la penetración de capitales emergentes de origen desconocido. “Eso salta a la vista. En este tema hay una gran nebulosa. Mientras no se hagan las reformas necesarias, eso va a continuar como si nada”, advirtió.

El director del ICD, Mauricio Boraschi, considera que es necesario un principio de rendición de cuentas. “Aquí no se trata de satanizar la inversión, sino de garantizar que sea sana”, señaló.