¿Cuál “nuevo” Ecuador?

 El sólido triunfo oficial en la Constituyente abre grandes interrogantes

 A partir de ahora, la suerte del país dependerá en mucho de su Presidente

Con su tercera gran victoria en las urnas desde noviembre del pasado año, los datos preliminares muestran que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se aseguró el domingo el gran trofeo político que, desde el principio, animó sus aspiraciones. Se trata del control de una Asamblea Constituyente con “plenos poderes”, que tendrá a su cargo el diseño de un nuevo marco institucional en su país, pero, también, prevalecerá sobre los demás poderes constituidos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Por ello, tan pronto se instale, podrá asumir, mediante una “comisión legislativa” las funciones del actual Congreso, y le dará a Correa un enorme poder inmediato.

El resultado no causa ninguna sorpresa. Desde que, el 28 de noviembre del 2006, Correa, como cabeza de la Alianza País, triunfó sólidamente en la segunda vuelta de los comicios presidenciales, quedaron claramente demostradas varias cosas. En primer lugar, el deseo de cambio de los ecuatorianos, decepcionados y fatigados por su disfuncional sistema de gobierno y de partidos, y deseosos de una renovación política e institucional; en segundo, la capacidad de Correa para capitalizar, mediante un discurso de corte populista y un gran atractivo personal, esa frustración y convertirla en esperanza alrededor de su propuesta; en tercer lugar, la incapacidad de las demás agrupaciones para generar una opción adecuada que sirviera de contrapeso a la arrolladora fuerza del candidato.

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Luego, mediante una clara manipulación de su liderazgo frente a las débiles instituciones del Estado, Correa llamó por decreto a un referendo para convocar a la Constituyente, y el “sí” obtuvo un contundente 85%, el 15 de abril. En la escogencia de sus miembros, celebradas el pasado domingo, los datos disponibles y los sondeos a boca de urna vaticinan que su agrupación terminará con 70 de los 130 escaños, una sólida mayoría, sobre todo si se tiene en cuenta que la oposición estará altamente fragmentada.

Por tanto, a partir de ahora la suerte de Ecuador no dependerá tanto del balance entre oficialismo y oposición, o de los equilibrios institucionales típicos de cualquier democracia decantada, sino de la voluntad del Presidente y de sus más inmediatos aliados. Esto abre un período de incertidumbre, que no podrá atemperarse simplemente con declaraciones, sino mediante los planteamientos y decisiones concretas que impulsen Correa y su Alianza País.

Con anterioridad y posterioridad al domingo, muchas de las expresiones han sido tranquilizadoras, destinadas a desmentir los “infundados rumores” a los que Correa se ha referido. Tanto él como sus más cercanos colaboradores han dicho, por ejemplo, que no se impondrá la reelección indefinida (y ni siquiera inmediata) del Presidente, sino una ampliación de su período gubernamental, de los cuatro años actuales a cinco o seis; también, que no hay necesidad de “nacionalizar nada”, en palabras del propio Correa; que se despolitizarán los organismos de control público, y que la reestructuración de la enorme deuda externa ecuatoriana se hará apelando a “mecanismos de mercado”, no a imposiciones sobre los acreedores.

La positiva diferencia de Correa frente a los otros presidentes autoritario-populistas de Sudamérica (Hugo Chávez, de Venezuela, y Evo Morales, de Bolivia), es que tiene mucha mejor formación profesional, que su carrera la ha hecho en la vida civil y que no tiene ni un ejército bajo su control ni un movimiento estructurado a disposición para imponer sus criterios. Además, a pesar de sus lamentables condiciones, la oposición está dispuesta a seguir actuando. Es decir, existen posibilidades de que, en lugar de conducir a Ecuador hacia un modelo autoritario con legitimidad electoral, realmente el Presidente pueda ser un elemento de renovación democrática y modernización institucional. Pero todo, ahora, depende de él, lo cual resulta inquietante. Los próximos meses serán cruciales.