Japdeva: una sigla

 Japdeva sigue presa de los intereses sindicales y de la falta de autoridad

 Ni los ejemplos de Panamá y de Caldera han logrado disipar sus vicios y aberraciones

Difícilmente podrían publicarse tantas aberraciones en materia de gestión pública, en un espacio tan reducido, como las del sábado pasado, en este periódico. Se trata de las relaciones entre la administración y el sindicato, al amparo o desamparo, según se vea, de la convención colectiva. En otras partes, una información de este tipo suscitaría enojo y honda preocupación, y, de inmediato, se pondrían las cosas a derecho. Aquí no. Estas noticias, dadas a conocer por muchos años, han pasado a formar parte del folclore sindical y político.

Los dirigentes sindicales alegan que la convención colectiva de la Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica(Japdeva) establece horarios de 6 horas de trabajo y no de 8, como lo estipuló, hace dos meses, la junta directiva de la institución para los operadores de remolcadores, pilotos de barco, amarradores de navíos y los responsables de la supervisión de carga y vigilancia, esto es, para todo lo concerniente a las tareas de importación y exportación, razón de ser del puerto y de la institución. A cambio de esta directriz, la administración eliminó el pago de horas extras e indemnizó con ¢2.000 millones a 207 muelleros. Como se ve, en Japdeva se paga por eliminar un abuso y se negocia el cumplimiento de las normas.

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Como 110 trabajadores incumplieron el nuevo horario, se abrió un expediente a cada uno, cuyo proceso se dilatará por cuatro meses y una semana. Posiblemente, este dato documente una marca mundial. Una de las razones de este atraso es que las comisiones de relaciones laborales están integradas por representantes de la administración portuaria y del sindicato.

Obviamente, los dirigentes sindicales manipulan a su antojo este poder disciplinario, mediante el recurso de la conformación del quórum. La camaradería y la afiliación sindical se imponen sobre cualquier consideración legal o moral. Y así pasa el tiempo y, con él, ríos de dinero que, en última instancia, pagan los consumidores.

Este es el cuento de nunca acabar. Ni siquiera el ejemplo del puerto de Caldera, ahora en concesión, ha removido las viejas prácticas de los puertos de Moín y de Limón. Mientras dicha concesión ha exhibido en vivo y a todo color los vicios y abusos del sistema portuario costarricense, por muchas décadas, en la vertiente atlántica prevalecen el poder sindical y el espectáculo de una administración arcaica, onerosa y enemiga declarada de los importadores, los exportadores y los consumidores.

Y lo más grave es que estamos condenados a observar esta tragicomedia no sabemos por cuánto tiempo, mientras Panamá avanza a pasos agigantados en el campo de la gestión portuaria con visión y autoridad.

Para los capitanes de barco el atraco en la vertiente atlántica representa una verdadera tortura, pues ahí no hay reglas ni seguridad. Todo está sujeto al interés y humor de los dirigentes sindicales. Así, la naviera Seaboard suspendió la llegada de uno de los dos cargueros que atracaban por semana en Limón. La compañía, como informamos el sábado anterior, “se hartó” de los atrasos por falta de personal en el puerto. Si esta es la mentalidad de los dirigentes sindicales y de no pocos trabajadores, y hasta de las autoridades, ¿cómo no van a temer aquellos todo intento de concesión, de apertura o de reforma? Este vagabundeo institucionalizado, al amparo de convenciones colectivas inicuas, le ha producido al país pérdidas gigantescas. Y nos referimos al país y no a los consumidores por cuanto, en el debate sobre el TLC, el domingo pasado, en canal 7, uno de los ideólogos del NO nos advirtió, con voz tonante, que, en vez de consumidores, debe decirse ciudadanos. Lo que importa es el refinamiento verbal, no esta agresión sistemática contra los intereses y derechos de los… ciudadanos.