Empresa deberá pagar $608.656

Sala I confirma sentencia contra La Nación por juicio de 1983

Luego de 24 años de proceso judicial, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia notificó ayer la confirmación de una sentencia que obliga a La Nación S. A. al pago de $608.656 (¢306,167 millones al tipo de cambio del día) al Banco Central de Costa Rica.

Los magistrados resolvieron rechazar un recurso de casación interpuesto por el empresa periodística contra la ejecución de sentencia emitida en setiembre del 2004.

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El caso surgió el 29 de noviembre de 1983 cuando el Banco Central entabló una denuncia contra La Nación, por iniciativa del fallecido expresidente José Figueres Ferrer.

La entidad emisora denunció en aquel momento el otorgamiento de divisas por $2,5 millones a una tasa preferencial en setiembre del 1980.

Los dólares en ese instante solo se podían comprar en el Central y en ese momento se presentó una fuerte devaluación de la moneda.

El banco emisor dispuso que los importadores podían obtener un 50% de los dólares al tipo de cambio vigente de ¢8,60, pero el resto lo debían comprar en el mercado libre, donde el dólar se cotizaba alrededor de ¢12,05.

Algunas empresas nacionales –entre ellas Purdy Motor S. A., Agencia Datsun S. A., Molinos de Costa Rica, T.R. División Vivienda S. A. y Centro Cars S. A.– habían hecho pedidos de compras en el exterior y firmaron compromisos con sus proveedores cuando no se había presentado la devaluación.

Las firmas acudieron al Banco Central a exponer su situación, principalmente porque la mercadería o bienes de capital se entregarían a futuro.

La Nación también pidió el mismo trato, porque dos años atrás había contratado una nueva rotativa cuyo costo era de $2,5 millones.

En ese momento, La Nación compró divisas al Central por $1,2 millones. Pagó el equivalente en colones, unos ¢10.791.555.

El diario adquirió los dólares pero, poco después, una nueva junta directiva del Banco Central dio marcha atrás y exigió judicialmente que la empresa cancelara la diferencia cambiaria. Ese fue el origen del juicio.

El litigio se inició y el 18 de agosto de 1997 se condenó a la empresa a pagar $2.509.664. El fallo fue apelado y el 8 de julio del 2001 los jueces bajaron la suma a $1.254.832.

De ese monto ya se habían pagado ¢10.791.555, por lo que la empresa depositó la diferencia: $359.267.

Este último fallo, notificado a La Nación ayer, fue refrendado por los magistrados Anabelle León Feoli, Luis Guillermo Rivas Loáciga, Román Solís, Óscar González Camacho y Gerardo Parajeles Vindas, quien lo redactó.

Los jueces resolvieron la apelación a la ejecución de la sentencia para el pago del monto, emitida en octubre del 2004.

Previamente los magistrados León, Rivas y Solís también participaron en la redacción de la sentencia de casación interpuesta contra el fallo del Tribunal Contencioso.