Fiscal deja el tema en manos de abogados de empresas

El fiscal general de la República, Francisco Dall’Anese, se mantiene firme en que los abogados de las empresas perjudicadas son los que tienen que perseguir los delitos contra la propiedad intelectual.

Para él, solo hay cuatro circunstancias que motivan a la Fiscalía a perseguirlos de oficio.

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Estos son cuando se relacionen con narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo o afecte la salud de los consumidores.

“Los abogados de las empresas tienen abierta la vía civil, convertir la acción pública en privada, o presentar una querella”, afirma Dall’Anese.

El Fiscal se defendió ante reclamos de diputados y del Ejecutivo en el sentido de que él no presta interés en el tema.

“Yo entiendo que eso se tiene que proteger pero no puedo debilitar servicios como narcotráfico o explotación sexual infantil o secuestro. La ley me obliga a priorizar”, insiste.

Por esa razón, dice, si la Asamblea Legislativa toma la decisión de que la Fiscalía tiene que perseguir los delitos contra la propiedad intelectual que dote al Ministerio Público de los recursos.