Proyecto de ley forma parte de leyes de TLC

Diputados adversan penas por delitos de propiedad intelectual

 Texto enviado por Poder Ejecutivo propone castigos de 4 a 6 años de prisión

 Legisladores dicen que pena no es “razonable” y piden revisar plan

Una propuesta del Poder Ejecutivo para aumentar las penas en todos los delitos contra la propiedad intelectual despertó cuestionamientos de diputados oficialistas y opositores.

La propuesta busca sancionar con prisión de cuatro a seis años a quienes incurran en conductas tales como falsificar una marca, vender productos falsificados o reproducir obras literarias sin permiso del autor.

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Actualmente, las penas por delitos de esta naturaleza son de uno a tres años de cárcel.

El Poder Ejecutivo incluyó la medida en un texto sustituto del proyecto de reforma y adición a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual .

Esta iniciativa es parte de la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC).

El texto lo discute la Comisión Plena Segunda, conformada por 19 parlamentarios y la cual tiene potestad de aprobar leyes.

A los diputados les preocupa la pena mínima de cuatro años, la cual le impedirá al juez la posibilidad de otorgar el beneficio de ejecución condicional de la pena.

Actualmente, personas condenadas a penas igual o menores a tres años tienen la posibilidad de no ir a la cárcel, sino seguir libres, pero a prueba.

“Hay muchos delitos más graves, como robarse plata del Estado que tienen penas menores”, reclamó Sergio Alfaro, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Ese es el caso del tráfico de influencias, que se castiga con cárcel de dos a cinco años, o el pago irregular de contratos administrativos que tiene pena de uno a tres años.

Origen. Para el diputado Óscar Núñez, el responsable del texto sustituto fue el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) tras una negociación con autoridades comerciales estadounidenses.

Según Núñez, los norteamericanos estaban molestos por manifestaciones del fiscal general de la República, Francisco Dall’Anese, en el sentido de que perseguir los delitos contra la propiedad intelectual no era prioridad de la Fiscalía.

“Mi molestia está dirigida a la gente de Comex, y al Fiscal, por imprudente y por no cumplir con lo que corresponde, porque ahí no hay discrecionalidad para que él determine qué persigue y que no persigue. No puede obviar la ley”, expresó Núñez.

Se intentó consultar ayer al Fiscal pero no respondió al mensaje.

El jerarca de Comex, Marco Vinicio Ruiz, expresó por medio de la oficina de prensa que era Laura Chinchilla, ministra de Justicia, la encargada del tema.

Chinchilla aclaró que no fue redactora del texto, pero reconoció que hay presiones externas e internas de grupos que claman por mayor rigurosidad para proteger la propiedad intelectual en el país.

“Si esa es la medida o no, los diputados tendrán que hacer su balance. Pienso que con la consulta al Poder Judicial y a otros grupos harán su balance”, dijo.

La Ministra reconoció que el TLC no exige el establecimiento de penas en esta materia.

Preocupados

Sin agrado

nombre: Óscar Núñez

cargo: diputado PLN

“Para nosotros, el hecho de que la gente del Ministerio de Comercio Exterior hiciera una reconsideración de penas de cárcel en un proceso de negociación posterior, no es de recibo con agrado”.

Sin cárcel

nombre: Sergio Alfaro

cargo: diputado del PAC

“Nosotros no avalamos la existencia de penas de cárcel en esos delitos. Ese tipo de actividad que genera daño patrimonial podría ser castigada con penas de igual orden”.

Pena mínima

nombre: José Merino

cargo: diputado Frente Amplio

“Hasta los delitos más graves contra la corrupción contemplan mínimos de penas más bajos que las que quieren imponerle a la gente en este proyecto”.

Discusión

Fotocopias. El diputado de Frente Amplio, José Merino, planteó la preocupación de que el texto sustitutivo no impide que la justicia persiga a estudiantes que fotocopien libros para fines educativos. Según él, ese texto violenta el principio de lesividad o insignificancia.

En un intento de calmar esa preocupación, el liberacionista Jorge Méndez explicó que para la producción del delito la persona debe actuar en forma dolosa (con voluntad y conocimiento) significativa, y, además, lo debe motivar el fin de lograr una ventaja comercial o una ganancia económica privada.

“No se trata, jamás, de sancionar al estudiante que hace una fotocopia con el fin de estudiar para su curso educativo”, aseguró.

La ministra de Justicia, Laura Chinchilla, aclaró que los tipos (de delitos) no deben dejarse abiertos sino ser claros en las conductas que deben castigarse.