Frente al crimen organizado

 La criminalidad organizada no es un presagio, sino un huésped actual y temible

 Cuatro proyectos de ley impostergables apelan a la responsabilidad de los diputados

En una entrevista, el domingo pasado , en La Nación , el fiscal general de la República, Francisco Dall’ Anese, reiteró su honda preocupación por las arremetidas del crimen organizado. Al mismo tiempo, puso de manifiesto que le sobran arrestos para encarar este enorme desafío, en su segundo período al frente de esta entidad. Esta actitud, compartida por su equipo de trabajo, envía un mensaje de esperanza.

Hizo bien la Corte Suprema de Justicia en renovarle al Fiscal General su confianza, a pesar de la dura –y esperada– campaña en su contra en los días previos a la reelección. La experiencia y los conocimientos en materia tan determinante para la seguridad ciudadana y para la defensa, en última instancia, del Estado de derecho y del sistema democrático no se pueden tirar por la borda. Nada regocija más a los agentes de la violencia, del crimen, del narcotráfico o de la corrupción que la falta de idoneidad en los funcionarios encargados de las tareas de investigación o de la administración de justicia, la improvisación, el debilitamiento de la autoridad y, más aún, la penetración en estos órganos de intereses ajenos a su naturaleza específica.

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El enfrentamiento contra estas terribles patologías sociales exige, de parte del Estado, de la sociedad civil y de los partidos políticos una lucha sin fisuras, eficiente, sistemática, dotada de un arsenal legislativo suficiente, así como de recursos técnicos, de personal y financieros acordes con la magnitud de la tarea emprendida. En este sentido, la enunciación, de parte del Fiscal General, de algunas metas básicas o campos de acción en estos cuatro años comprometen a esta entidad y, en general, a todos los poderes del Estado. Este nuevo enfoque, resultado de una labor de deliberación de un equipo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional, en que han participado el Poder Judicial y los ministerios de Justicia y de Seguridad, se condensa en cuatro proyectos de ley, cuya tramitación exige un estudio esmerado de la Asamblea Legislativa, sin desatender la premura de su aprobación.

Estas cuatro leyes versan sobre la delincuencia organizada, la protección de las víctimas y de los testigos, la regulación del Instituto sobre Drogas y sobre el financiamiento del terrorismo. En esta agenda el nuevo enfoque sobre las tareas de prevención a cargo de la Fiscalía General, además de las actuales, representa un cambio importante y necesario, a la luz de la experiencia internacional e interna. Encuentra aquí, entonces, la Asamblea Legislativa uno de sus más serios compromisos legales y morales, en vista de la complejidad y gravedad del desafío. De aquí que el factor tiempo se convierte, en estas circunstancias, en el gran aliado del crimen, como lo ha sido hasta ahora, o de los derechos de los habitantes, si logramos acometer esta empresa en pro de la vida, la propiedad y la legalidad, con ánimo resuelto y con espíritu patriótico. Ahora, sí cabe hablar de patriotismo.

Si el TLC y las leyes conexas representan, en las postrimerías del año 2007, un logro ejemplar para el país y para el parlamento, las cuatro leyes citadas, en punto a la seguridad ciudadana, significarán un sólido peldaño para restaurar el prestigio de la Asamblea Legislativa y del sistema político. Se trata de leyes que le trazan un derrotero al país. Nuestro futuro está condicionado indefectiblemente a la forma como acometamos la gran tarea de la lucha contra la pobreza, con resultados concretos, y de la seguridad ciudadana, de tal suerte que logre modificar, mediante hechos, la realidad cotidiana y, con ella, la percepción de la gente. Mal hacen, entonces, aquellos que, frente a estos poderosos desafíos, no asumen la responsabilidad inherente a su cargo y a su elección.