Fiscalía declara ‘guerra’ al crimen organizado

Entrevista con Francisco Dall’Anese

 El jefe del Ministerio Público aseguró que una de las metas en los próximos cuatro años es evitar la actuación de las organizaciones de crimen organizado en el país. Aseguró que la Fiscalía intentará prevenir crímenes y secuestros.

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A partir de diciembre se inicia un período de cuatro años, ¿cuáles son sus principales metas?

Hay que trabajar el tema de la criminalidad organizada, el de las intervenciones telefónicas para poder investigar y establecer un instrumento que regule los eventos de crisis, entre otros asuntos.

En cuanto al crimen organizado, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. ¿Es eso suficiente?

En realidad, se trata de un paquete de cuatro leyes: una es la Ley contra la delincuencia organizada; otra, la Ley de protección de víctimas y testigos, pues sabemos que ahora hay muchas absolutorias porque los testigos se sienten amenazados; otra es una reforma a la Ley que regula el Instituto sobre Drogas (ICD), y la Ley contra el financiamiento del terrorismo, que por cierto tenemos hasta mayo próximo para aprobarla.

¿Para cuándo se requiere la Ley contra el crimen organizado?

Tendría que estar aprobada ayer, para dotarnos de los instrumentos necesarios para luchar contra esas organizaciones. Ya advertimos en varias ocasiones de su presencia en el país, pero la semana trasanterior, el Gobierno de Estados Unidos informó que en Panamá y Costa Rica ya están asentados los carteles colombianos. Yo espero que ahora que lo dice Estados Unidos hagan caso. Es un problema serio que en cualquier momento nos va a estallar en la cara.

¿Qué cambios tienen aplicarse para esa nueva legislación?

Pensamos abrir una Fiscalía contra el crimen organizado antes de que la ley pase. Lo interesante es que es una doctrina distinta, pues el Ministerio Público generalmente es reactivo frente al delito, pero a partir del 9/11 se trata de investigar para evitar que se cometan los delitos. Se busca prevenir que haya lesiones a personas o bienes.

¿Alguna disposición faculta al Ministerio Público para actuar antes de que se cometa un delito?

El Código de Procedimientos Penales (CPP) permite a la Fiscalía evitar la consumación de delitos, pero ahora es una doctrina distinta contra el crimen organizado, pues se requiere de una capacitación diferente tanto de la policía como de los fiscales. Y también de los jueces, porque un juez podría decir: ‘No voy a permitir una intervención porque no se ha cometido ningún delito, tenemos que esperan a que maten o secuestren a alguien’.

En estos casos, la Fiscalía tendría sospechosos que planean un delito pero no lo han perpetrado, ¿qué pasa con esos sujetos?

El problema es que la Fiscalía está sin expediente. Es cierto, todavía no hay delito, pero se trata de evitarle a la población, en la medida de lo posible, que haya un suceso. La Fiscalía de España evitó recientemente una voladura de trenes. No se tiene que esperar a que vuelen los trenes, hay que actuar ya, así como cuando van a secuestrar o matar a alguien.

¿Podría pensarse que es materia preventiva?

Insisto, si nosotros nos enteramos o nos llegan informes de que se va a secuestrar a alguien, tendríamos que empezar a investigar a quienes, se presume, serán los responsables. Se podría descartar, aunque si se logra determinar que van a cometer el hecho, hay que darle protección a la víctima pero también habrá que quemar el caso. Hay que llamar a los sospechosos y decirles: ‘Sabemos que ustedes van a secuestrar a este señor, tenemos la información y se terminó el plan’.

Pero ¿qué delito se les atribuye a los sospechosos?

Puede ser que la organización criminal ya haya cometido otro hecho y entonces se le puede encausar por ahí. En el caso de una organización de narcotráfico, podemos investigarlos por narcotráfico, si hay pruebas. Pero de lo que se trata es de evitar que la sociedad sea erosionada, que no tenga que soportar los daños de las organizaciones criminales. Esto es un giro en la filosofía que se ha tenido hasta ahora.

¿Para cuándo estará lista?

Estamos diseñando el proyecto. Esperaría estar comenzando para el segundo semestre del próximo año, pero hay que capacitar a la gente. Tenemos una oferta de la Fiscalía Antimafia Italiana para capacitar a toda la estructura. Los fondos vendrían de Eurosocial, un programa de la Comunidad Europea. Ya se hizo la gestión a través del magistrado Rolando Vega que es quien tiene el contacto.

¿Con cuántos fiscales se estaría contando?

No sabemos en este momento, posiblemente la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General y unos cinco fiscales que serían reforzados con fiscales de otras oficinas. Se trabajaría muy cerca de la Fiscalía de Robo de Vehículos y la Fiscalía de Narcotráfico. Así se suplirían los fiscales que se necesitan.

Pasando a otro tema, en la calle la gente se siente desprotegida cuando le arrebatan la cartera, la cadena, el celular. ¿Qué puede hacer la Fiscalía para devolverles la tranquilidad?

No es cierto que no se persiga ninguno de esos hechos. Todo lo que tenga que ver con violencia sobre una persona se persigue. No se aplica ningún criterio de oportunidad cuando haya violencia sobre algo. Que le arrebató los aretes, que lo empujaron para arrebatarle el celular o lo puso las manos arriba para quitárselo, todo eso se persigue. Solo al 5% de los casos que ingresan al Ministerio Público se le aplica el criterio de oportunidad por insignificancia. Se trata de objetos hurtados de poco valor. Un poco más del 20% se archivan porque la policía no pudo individualizar a un sospechoso, porque no hay materia prima para iniciar un proceso contra alguien, o la víctima no puede identificar al imputado. En el 75% restante de los casos, la gente concilia o quita la denuncia porque recuperó el artículo.

Hay una fuerte campaña contra los choferes ebrios, ¿qué opina la Fiscalía, deben aumentarse las penas en este campo?

El problema es grave. Hay mucha gente que ha pagado con su vida o con su salud, pues queda en sillas de ruedas. A mí me parece que se va a tomar una decisión política; tiene que combatirse en todos los frentes. El problema no está en las penas, el que va a conducir ebrio lo va a hacer porque siempre, pues cree que no lo van a atrapar. Lo mejor es fortalecer a la Policía de Tránsito para que haya más control de los conductores y se saque a los conductores antes de que causen las muertes.

Más armas para enfrentar hampa

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En caso de aprobarse el paquete de reformas que está impulsando Francisco Dall’Anese, estos serían algunos de los cambios:

Se ampliarían las intervenciones telefónicas para investigar delitos como el robo de vehículos y se fijan las reglas para compartir informaciones entre policías.

También se crea un centro de intervenciones telefónicas donde se tendrá a jueces a tiempo completo escuchando las grabaciones. Actualmente, los jueces escuchan las grabaciones en sus ratos libres pues deben cumplir otras obligaciones.

En ese centro se podrá determinar en tiempo real los lugares por donde se mueve un teléfono celular y el sitio exacto de ubicación de un teléfono fijo. Actualmente esa información se le tiene que pedir al ICE y tardan días o hasta meses en suministrarla. Esta información es considerada como vital para investigar los secuestros.

Asimismo, se establece cómo se deben proteger los testigos y víctimas de un hecho delictivo.